El Defensor del Pueblo se felicita de que la reforma fiscal incluya recomendaciones suyas

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha valorado que la reforma fiscal aprobada por el Congreso el pasado 20 de noviembre, y que este viernes publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluya recomendaciones realizadas por la institución, como el mantenimiento de los coeficientes de abatimiento o la desaparición de la plusvalía municipal por la venta de inmuebles en los casos de dación en pago.

En concreto, la Defensora del Pueblo destaca que la reforma modera el alza fiscal a la venta de casas usadas y mantiene vigentes los coeficientes de abatimiento que reducen las plusvalías patrimoniales por la venta de inmuebles, cuando el valor de dicha venta no supere los 400.000 euros, si bien lamenta que desaparecen los coeficientes de actualización que corrigen la depreciación monetaria, lo que hará que la plusvalía por la venta de inmuebles aumente en determinados casos.

Este cambio sobre el proyecto inicial, introducido en la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado, se produce después de que la Defensora del Pueblo incoara una actuación de oficio en octubre preocupada por el impacto que la eliminación de los coeficientes de abatimiento y actualización podría tener en la tributación de las clases medias y bajas.

La reforma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, también incluye dos exenciones que había pedido el Defensor del Pueblo: elimina el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como plusvalía municipal) para los casos de dación en pago y deja exenta la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual.

Otra recomendación de la institución que incorpora la nueva reforma fiscal es aquella en virtud de la cual las subvenciones y ayudas públicas no se declaran hasta que no se hayan recibido. Hasta ahora, había obligación de tributar en el IRPF cuando eran reconocidas, aunque todavía no se hubiesen cobrado.

SE ELEVAN LOS MINIMOS PERSONALES Y FAMILIARES.

La reforma tiene en cuenta, también, aspectos de otras propuestas del organismo, como elevar los mínimos personales y familiares (las ayudas fiscales por hijos, ascendientes a cargo y discapacidad).

Por el contrario, afirma que quedan pendientes cuestiones como la actualización del límite de ingresos fijado para poder beneficiarse del mínimo por ascendiente. Para poder aplicar esta medida, la persona a cargo ha de tener unos ingresos inferiores a 8.000 euros anuales, cifra que no ha variado desde 2002, y que tras el leve incremento registrado por las pensiones mínimas, podría llevar a que muchos beneficiaros dejen de serlo porque supere este límite.

Por último, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de restablecer la deducción por inversión en vivienda habitual cuando se realizan obras e instalaciones de adecuación de la vivienda por razones de discapacidad.