La Defensora del Pueblo Europeo exige a Draghi su salida del club privado de banqueros G-30

Así lo ha exigido la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, este miércoles a través de una carta, después de que el 20 de enero de 2017 abriera una investigación sobre la pertenencia del italiano en el 'think tank' con sede en Washington, del que también forman parte gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra, China o Japón, o directivos de entidades privadas como UBS, Crédit Suisse o JP Morgan.

"La pertenencia del presidente del BCE en el G-30 podría generar la percepción pública de que la independencia de la entidad podría verse comprometida", ha aseverado O'Reilly, que considera que, permitirlo, constituye "una mala administración de su parte" y pide que se ajusten las reglas a los compromisos.

"La estrecha relación implícita en esta participación no es compatible con la obligación de independencia de una institución como el BCE, para la cual, ésta máxima es el sello distintivo de su actividad", ha añadido.

Tal y como ha explicado, el BCE es una institución que toma decisiones que afectan a millones de personas, por lo que resulta crucial demostrar al público que hay una clara separación entre la entidad como supervisor y la industria financiera, la cual se ve afectada por sus decisiones.

De esta forma, O'Reilly ha afirmado que el BCE no ha demostrado de ninguna forma que la pertenencia de Draghi en el club sirva de interés para el público, por lo que recomienda que suspenda su actividad en el G-30.

No obstante, considera que el instituto emisor puede continuar interactuando con el G-30 para mejorar su toma de decisiones, si bien, deben ser lo más transparentes posibles. "Se reconoce el interés en involucrarse con los participantes del mercado, pero la pertenencia a cualquier organización implica necesariamente una relación más estrecha que en otras formas de participación de los interesados", ha apuntado.

Se trata de la segunda vez que el Defensor del Pueblo Europeo investiga la relación del BCE con el G-30. En 2012, el entonces presidente de este organismo, consideró que la participación del BCE en el club privado era, en términos generales, compatible con la independencia, la reputación y la integridad de la entidad. Actualmente, se alega que el contexto en el que opera el BCE es "bastante" diferente al de 2012, por lo que es apropiado reconsiderar todas las cuestiones.

En opinión del BCE, la pertenencia de su presidente al G-30 no implica que el banco central necesariamente esté de acuerdo con todas las publicaciones del 'think tank', sino que participa como observador en los grupos de trabajo. El BCE ha reiterado en varias ocasiones que "los miembros del Comité Ejecutivo son conscientes de su responsabilidad; no usan ni tienen la intención de utilizar eventos no públicos para divulgar información delicada o confidencial del mercado".

De su lado, el Corporate Europe Observatory, un grupo que se dedica a la investigación y a la organización de campañas sobre las amenazas a la democracia, la igualdad, la justicia social y el medio ambiente que supone el poder económico y político, y que fue quien envió la queja formal actual a la Defensora del Pueblo en 2017, ha valorado la decisión de O'Reilly, que considera "oportuna y muy positiva".

"La participación del presidente Draghi en el Grupo de los Treinta no fue aconsejable desde el comienzo. Desde 2016, cuando se amplió el mandato del BCE para la supervisión bancaria, los estrechos vínculos entre el presidente y el grupo de banqueros se han vuelto absolutamente inaceptables", ha explicado la organización.

Del mismo modo, ha explicado que desde la crisis financiera, el banco central es "muy vulnerable" a la influencia indebida de los intereses de la industria financiera. "Especialmente grupos como el G-30, continúan siendo utilizados por algunos de los bancos globales más grandes para impulsar su agenda política", ha concluido.