La Diputación de Ciudad Real destina dos millones de euros a paliar el hambre en la provincia

El presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, ha explicado que este nuevo Plan de Emergencia Social se ha consignado con 1,5 millones de euros, que serán gestionados por la propia Diputación a través de los Servicios Sociales y en colaboración con trabajadores municipales.

Además, contará con otros 500.000 euros que se tramitarán con los ayuntamientos para situaciones de extrema gravedad que queden fuera de la aplicación anterior y a través de las ONG más representativas de la provincia, como Cáritas y Cruz Roja, para crear un banco de alimentos, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"La pobreza, el hambre, el paro, la humillación social son una preocupación permanente, casi obsesiva del equipo de Gobierno de la Diputación", ha asegurado De Lara, poniendo como ejemplos las ayudas a los programas de cooperación internacional y de emergencia social que son anualmente programados en sus presupuestos.

El presidente de la Institución provincial, que ha estado acompañado del vicepresidente Ángel Caballero, ha señalado que este nuevo Plan de Emergencia Social para 2012 no tendrá solución de continuidad en relación con los planes anteriores.

"Las prestaciones tendrán un carácter no periódico y atenderemos situaciones excepcionales y urgentes. Los beneficiaros serán personas físicas o familias y se primará la alimentación básica e higiene y, de manera excepcional, el vestido y calzado, ropa del hogar, farmacia, gas y electricidad y alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género", ha añadido.

30 EUROS POR MIEMBRO DE LA FAMILIA

De Lara ha indicado que las resoluciones se ejecutarán en 15 días y que se pagará para compra de alimentos --30 euros al mes por miembro de la unidad familiar-- y si uno es un niño menor de 3 años, además de computar como miembro de la familia obtendrá también una ayuda adicional de otros 30 euros.

De este modo, se facilitarán cheques por valor de 30 euros, las ayudas tendrán un máximo de dos meses por trimestre y no se pagarán más de cinco meses en los nueve meses que dura el programa.

Serán los profesionales de los servicios sociales municipales, no los ayuntamientos, los que marcarán las obligaciones a cumplir como contrapartidas por parte de los beneficiarios.

Como requisitos se exigirá que los niños acudan a las escuelas, que participen en los itinerarios de inserción laboral habituales o en otros programas de intervención familiar provocados por los trabajadores sociales.

Serán estos profesionales los que determinen a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y una vez hecho este informe, telemáticamente, se trasladarán a la Diputación los datos de los beneficiarios.

ENTREGA DE LOS CHEQUES

El órgano gestor será el personal de los servicios sociales de la Diputación Provincial, que visará los informes remitidos y los resolverá, confeccionando cheques que se enviarán a los ayuntamientos, también por vía telemática, cada 15 días. El trabajador social será el encargado de entregar ese cheque a las familias correspondientes.

En cuanto a los proveedores, De Lara ha explicado que serán las empresas, tiendas y superficies de alimentación que figuren en un listado que se está terminando de confeccionar por la propia Diputación.

De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que una vez comprobado, se pagará en un plazo máximo de 15 ó 20 días.

PRESUPUESTO CERCANO AL DE LA JUNTA

De Lara ha recordado que el pasado 15 de junio la Junta de Comunidades aplicó la orden de ayudas de emergencia social, destinando para este fin la cantidad de 2,4 millones de euros para toda la región, "mientras que la Diputación de Ciudad Real, con un presupuesto muchísimo menor, que solo trabaja para la provincia, ya dedica ella sola dos millones de euros".

Asimismo, ha hecho referencia al plan de empleo de la Diputación, con 8 millones de euros, y al plan de emergencia social, con dos millones de euros, los cuales se centran, directamente o indirectamente, en la lucha contra la pobreza.

Por último, ha subrayado que el plan de emergencia social no hay que entenderlo como un plan de caridad, sino que se trata de "un plan con el que se pretende atender el primer derecho humano, después del derecho a la vida, que es el derecho a comer", ya que "nadie debería dormir tranquilo sabiendo que existe un solo hombre, una sola mujer, un solo niño que está pasando hambre cerca o lejos de nosotros", ha sentenciado.