ERC propone obligar por ley a las administraciones a controlar que las empresas pagan en plazo a subcontratas

En su iniciativa, que recoge Europa Press, los independentistas catalanes lamentan que la "ausencia de un régimen sancionador" contra la morosidad en el sector privado lleva a que muchas empresas, sobre todo "los grandes adjudicatarios de obras públicas", se financien "a costa" de sus subcontratas y proveedores, que deben aceptar "condiciones abusivas" dada su "dependencia".

"Parece oportuno adoptar medidas para minimizar los abusos y mantener los periodos de pago de las operaciones comerciales dentro de los límites estrictos que marca la ley de Lucha contra la Morosidad", argumenta ERC, que cita un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) según el cual las grandes compañías no financieras del Ibex35 pagan a 171 días de media pese a que cobran apenas en 77 días.

NO SE PUEDE EXIGIR EL CONTROL

Una situación que es posible porque las sucesivas normativas, incluyendo las leyes de Apoyo a los Emprendedores aprobadas en julio y septiembre de 2013, permiten pactar plazos de pago superiores a los establecidos y no fijan como "norma imperante" el control de las administraciones de los periodos reales de pago, lo que permite que, pese a existir la competencia de control, las subcontratas no puedan exigir su aplicación.

Por ello, Esquerra propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer la obligación de las administraciones públicas de comprobar el "estricto cumplimiento" de los plazos de pago máximo entre la empresa principal y sus subcontratas y proveedores cuando se trate de contratos públicos.

Igualmente, propone que los contratistas principales deban remitir al ente público contratante un certificado emitido por alguna de las asociaciones empresariales multisectoriales que represente a los suministradores y subcontratistas o por la PMCM, en el que se acredite que se están cumpliendo los plazos de pago legales.

Al tener consideración de "condición esencial de ejecución" en los pliegos de condiciones y el contrato, el incumplimiento de estos periodos de pago conllevaría la misma sanción que otras faltas ya previstas en la legislación.

Junto con la proposición de ley, ERC también tiene registrada una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía del Congreso para emplazar al Ejecutivo a adoptar "con urgencia" medidas tendentes a controlar los plazos de pago entre empresas y suministradores, y para otorgar a estos últimos "una protección en el cobro de sus prestaciones que les garantice" que puedan cobrar en 60 días naturales desde la realización del servicio.