Ecuador acaba renegociación de contratos petroleros y Petrobras sale del país

Las cuatro compañías no aceptaron las condiciones que presentó el Gobierno, que pretende incrementar sus ingresos y embolsarse cualquier subida extraordinaria en el precio del petróleo.

Ecuador logró convencer al filo de la fecha límite a la hispano-argentina Repsol-YPF de que se quedara, tanto es así que los documentos del acuerdo no estaban listos para su firma durante la ceremonia en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables que clausuró las negociaciones.

El titular de ese Ministerio, Wilson Pástor, dijo que con los nuevos contratos la renta petrolera que recibe el Estado pasará del 70% actual al 80%, mientras que el resto irá a las empresas privadas.

Eso significará un aumento de 5.350 millones de dólares en ingresos actualizados para el erario público durante el período de vigencia de los contratos, según sus cálculos.

Además, las compañías se han comprometido a invertir 1.207 millones de dólares, de acuerdo con Pástor, quien indicó en la ceremonia que los resultados de la renegociación "son muy favorables para los intereses del país".

Las empresas que suscribieron los nuevos acuerdos fueron la chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip y las chinas Andes Petroleum y Petroriental, además de Repsol-YPF. Los rechazaron la coreana Canada Grande, la estadounidense EDC y la china CNPC, junto con Petrobras.

En su conjunto las empresas que se irán representan el 14% del bombeo privado de petróleo del país, según Pástor.

El ministro Coordinador Sectores Estratégicos, Jorge Glas, dijo que con las empresas que se van "se ha planteado una transición ordenada para que las operaciones pasen, a partir de mañana, a manos del Estado ecuatoriano, a manos de Petroecuador".

Pástor indicó que esa transición durará un máximo de 120 días, durante los cuales se hará un inventario de sus activos y una auditoría ambiental, de forma que se determine un "valor de mercado" que el Estado les pagará como compensación.

Las empresas tienen derecho a demandar a Ecuador en un tribunal internacional de resolución de disputas comerciales, pues el país ha puesto punto final a los contratos antes de su vencimiento.

Pástor dijo que el Gobierno no prevé "en este momento" que ninguna de las compañías opte por esa vía, dado que pretende darles una compensación "justa".

Según el nuevo modelo de contrato, el Estado es el dueño de todo el petróleo que bombean las empresas privadas, a las que paga una por cada barril extraído una tarifa fija que incorpora una rentabilidad para ellas de en torno al 15%.

De este modo, cualquier subida en el precio del petróleo redunda en beneficio de Ecuador, al tiempo que las empresas tienen un incentivo para reducir sus costos, según Pástor.

Petrobras no aceptó la tarifa que le ofreció el Gobierno, así como algunas de las cláusulas legales de los contratos, que restringen la capacidad de las empresas de presentar demandas contra el Estado por incumplimiento de contrato.

La empresa brasileña opera el Bloque 18 y el campo unificado Palo Azul, en la Amazonía ecuatoriana, de donde extrae unos 20.000 barriles diarios de crudo.

Todas las compañías que se quedarán en Ecuador aceptaron ganar menos o un valor similar al actual por el petróleo extraído al precio actual, excepto Repsol-YPF, para la que la negociación significará un aumento de 2,7 dólares por barril en sus ingresos.

El Gobierno hizo esa concesión "debido a las importantes nuevas inversiones" garantizadas por la compañía, que ascenderán a 293 millones de dólares en los próximos ocho años.

En las negociaciones con la empresa intervino el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien recibió el lunes por la noche a sus responsables, según confirmó a Efe una fuente gubernamental.

Eso ayudó a evitar que Repsol-YPF siguiera el camino de Petrobras.