Empleo amplia las funciones de las direcciones territoriales para combatir el fraude laboral

En concreto, el Ministerio que encabeza Fátima Báñez pretende que los inspectores y subinspectores adscritos a las direcciones territoriales puedan extender su actividad a todo el territorio de la comunidad autónoma, y que, además puedan servir como estructuras de intercambio de información con la Dirección Especial, con competencias sobre todo el territorio nacional, y con las Inspecciones Provinciales.

Así lo especifica una nueva Orden Ministerial de Empleo que entró en vigor este domingo, y que anuncia la incorporación de nuevas tareas inspectoras de las direcciones territoriales, entre las que se distingue la de perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el fraude en la obtención de prestaciones del Sistema. Según el Ministerio, estas nuevas atribuciones no conllevarán un incremento de recursos humanos ni de materiales.

Además, a partir del 12 de agosto de este año, la norma expone que las direcciones territoriales también se concentrarán en velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar, combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas, además de aquellas previstas por la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para llevar a cabo este nuevo cometido, el texto legal especifica que los directores territoriales tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y de actuaciones sobre sujetos, situaciones o sectores de actividad que puedan operar dentro del territorio de una comunidad autónoma.

En este sentido, los directores territoriales dirigirán la investigación de posibles supuestos de fraude cuando las empresas operen con estructuras descentralizadas en distintas provincias y territorios como ocurre en los supuestos de contratas y subcontratas de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal.

Con esta nueva disposición, el Ejecutivo pretende hacer frente al problema que se generaba cuando a pesar de haberse detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social situaciones de fraude en una provincia, las empresas investigadas disponían de otros centros de trabajo ubicados en una provincia distinta, incluso fuera de esa comunidad autónoma.