Empresarios que perdieron su dinero en NCG alegan que confiaron al estar "auditada" por el Banco de España

Empresarios gallegos que perdieron la inversión que realizaron en Novagalicia Banco, tras la operación acordeón previa al rescate, han admitido, en el juicio contra NCG y el FROB, que no desconfiaron de las cuentas de una entidad "auditada" por el Banco de España.

En la primera sesión del juicio, que se celebra en el Juzgado de Instancia número 5 de A Coruña y en el que reclaman más de 20 millones de euros, han alegado también que pensaban que entraban "en un banco saneado y viable", entre otras razones, por la presencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Mientras, han sostenido, a preguntas de su letrado, que no se les informó de la necesidad de un ajuste retroactivo de más de 1.000 millones de euros, ni de las exigencias de provisiones planteadas por el Gobierno en su nueva regulación.

Así, el presidente de Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz, ha calificado de "estafa" lo ocurrido. "Se nos ha vendido un coche que estaba embargado y que no es nuestro", ha sentenciado.

"Nos confiamos en una inversión que pensamos que era buena", ha insistido en línea con los argumentos de otros empresarios, entre ellos el consejero de Corporación Hijos de Rivera, José María Rivera, que ha dicho que las condiciones recogidas en el contrato eran "casi de adhesión".

"CONFIANZA" EN EL BANCO DE ESPAÑA

En la vista, el consejero de Hijos de Rivera -empresa que invirtió 4 millones de euros- ha recalcado que no eran "expertos en banca" y que realizaron esta inversión basándose en la "confianza" que les generó el Banco de España.

"Cómo voy a desconfiar de una entidad auditada por el Banco de España, si no es así me tengo que ir de este país", ha dicho, a su vez, el presidente de Inversiones Gallegas del Cable.

A estas declaraciones, se han sumado las de los representantes de las otras cinco empresas demandantes en este juicio, Inversiones Subel, del expresidente de Azkar, Luis Fernández Somoza; Concable Inversiones, Río Breiro (Jealsa), Copasa y Coren, que reclaman cantidades que oscilan entre los 5 millones y los 300.000 euros.

PAPEL DE CASTELLANO

En coincidencia con los demás empresarios, Fernández Somoza ha dicho que le llamó el expresidente de Novagalicia Banco, José María Castellano y que, tras esta conversación, accedió a participar. "Sobre todo soy muy gallego", dijo emocionado en el juicio, en el que ha asegurado que "siempre ha confiado en la gente" y que consideró a la entidad saneada.

Otros empresarios, como el consejero de Coren, José Javier Bobillo o el de Copasa, José Luis Suárez Guitérrez, han coincidido en esta afirmación. "Me parecía impensable que pudiera haber alguna trampa", ha señalado éste último. Como han hecho otros de los demandantes, ha admitido que no pidió asesoramiento fiscal y sí jurídico.

"Parecía que había poco que pensar", ha apostillado al argumentar que, en ese momento, entendían que era una "operación clara". Con este argumento, algunos han admitido que no solicitaron información adicional a la que Castellano les remitió.

POSICIONAMIENTO DE NCG

Mientras, el representante legal de Novagalicia y director de la asesoría jurídica de la antigua entidad -cargo que ostenta en Abanca- ha atribuido al expresidente José María Castellano la "captación" de inversores. De este proceso, ha indicado que fue "liderado de una manera muy singular" y que era Castellano quien lo llevaba "de la mano".

Sobre el documento remitido a los inversores en 2011, ha explicado que "reflejaba las cuentas reales a la fecha en que se redactó", tras sostener los demandantes que se les "engañó" con las cuentas.

Preguntado si se les comunicó a los inversores la necesidad de realizar un ajuste retroactivo, ha dicho que "esa decisión se tomó posteriormente" a su entrada en la entidad, aunque ha reconocido que "no le consta" que por escrito se les comunicase. "El banco actuó con la diligencia debida y correctamente", ha defendido también.

NUEVOS JUICIOS

El juicio está previsto que concluya este miércoles con las periciales y las conclusiones. Para el día 13 y 14, está fijado la vista por la demanda de Gadisa, a la que seguirán la próxima semana la del grupo de inversores encabezado por Inveravante.

La tesis de los demandantes se basa en que "fueron engañados". En concreto, alegan que no se les informó de la valoración del banco, que "en realidad estaba en quiebra" y necesitaba otros más de 5.000 millones del FROB.