España pide "flexibilidad" en veto a descartes y aplazar el rendimiento máximo sostenible para no dañar flota

Los Veintisiete tratan de cerrar este mismo martes un "enfoque general" común sobre la reforma, con el objetivo de iniciar las conversaciones con el Parlamento Europeo, pero el ministro español ha advertido de que algunos de los elementos más relevantes "no se han resuelto" y por tanto la negociación entre los Estados miembros "aún no está madura".

En declaraciones a su llegada a la reunión en Luxemburgo, Arias Cañete ha augurado una jornada "larga, dura y complicada" de negociaciones y ha apuntado las reservas que plantea España a la prohibición de los descartes --pesca accesoria que es devuelta al mar por su escaso interés comercial_para todas las pesquerías desde 2016 y la obligación de desembarcar en puerto todo lo pescado.

El ministro ha explicado que este veto "afecta especialmente" a la flota española porque sufre una "discriminación histórica por falta de cuotas en las capturas accesorias" y la medida que promueve Bruselas "no tiene en cuenta las sensibilidades de algunas flotas".

Tampoco convence a España el objetivo de gestionar todas las pesquerías en base al rendimiento máximo sostenible desde 2015 y apuesta por flexibilizar la fecha de entrada y las modalidades de cómputo, para cumplir esta meta en 2015 "siempre que sea posible" y se permita dilatarlo hasta "2020 como muy tarde" en aquellas pesquerías con mayores dificultades de adaptación para la flota.

Arias Cañete ha subrayado el apoyo a una gestión responsable de los recursos marinos y a una pesca sostenible, pero ha reclamado garantías de que la flota podrá "mantener sus niveles actuales de funcionamiento", respetando las normas comunitarias.

El objetivo, ha añadido, es dar con una solución de compromiso que convenza a los Veintisiete que asegure "la sostenibilidad del medio marino, pero a su vez también mecanismos que permitan la gestión responsable del esfuerzo pesquero". España, además, pedirá que se introduzca la transferencia de derechos pesqueros para todas las flotas salvo para las artesanales.

España confía en llegar a un compromiso final, pero "siempre que se garantice a nuestra flota una razonable posibilidad de funcionar, con niveles de explotación lo más parecedio a lso actuales".

"España es una gran potencia pesquera, tiene un problema específico desde el año 1986 que no se resolvió (...) y, en estos momentos de enorme presión para el mantenimiento de los recursos, hay que tener en cuenta la peculiaridad de la pesca española", ha apuntado el ministro.