España defiende garantizar un mínimo del Fondo Social Europeo para cada región

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha defendido en Luxemburgo ante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO) que se garantice que cada región pueda percibir un mínimo de recursos del Fondo Social Europeo (FSE) "como condición imprescindible para abordar los objetivos de la Estrategia Europa 2020".

Según ha informado el Ministerio de Trabajo, Rodríguez ha explicado ante el Consejo que hay que asegurar el seguimiento de la Estrategia 2020 y que se lleve a cabo de tal forma que se garantice la plena absorción de fondos "de acuerdo con la realidad de la estructura productiva del país y de cada región en cada momento".

"Las situaciones de partida de las distintas regiones no son las mismas", ha dicho Rodríguez, que ha recordado además que el impacto de la crisis en cada una de ellas ha dido diferente, por lo que los caminos para alcanzar los objetivos de la Estrategia "son igualmente diferentes".

La secretaria de Estado de Empleo ha mostrado además el respaldo de España a la introducción de la categoría 'regiones en transición', que sustituirá a los actuales sistemas de retirada progresiva y de inclusión gradual. También ha apoyado la financiación vinculada a los resultados, "siempre que sean objetivos y realizables".

Rodríguez ha abogado por que el FSE se dirija a promover un alto nivel de empleo de calidad, con especial atención al empleo de los jóvenes, parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social.

Además, ha añadido, el FSE debe ayudar a la modernización de los servicios públicos de empleo y la mejora de la formación y la educación, adaptándolas a las nuevas necesidades de los mercados y para reducir el abandono escolar prematuro. Entre 2007-2013, España recibirá 8.057 millones de euros del Fondo Social Europeo.

APOYO A LA REFORMA DEL PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA

Por otra parte, la secretaria de Estado transmitió el apoyo del Gobierno español a la modificación de la regulación del Plan de Ayuda Alimentaria para que 13 millones de ciudadanos europeos en riesgo de exclusión social puedan continuar recibiendo alimentos de primera necesidad.

Este plan está dirigido a la compra de excedentes agrícolas para atender a la alimentación de las personas más necesitadas y está dotado económicamente hasta 2013. Con carácter excepcional, el plan prevé la compra de alimentos en el mercado cuando los excedentes sean inferiores a la dotación establecida.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia obliga a que la compra se refiera exclusivamente a los excedentes. Por este motivo, el Gobierno español considera que "lo más urgente" es reformar la regulación del plan para que las personas más necesitadas puedan seguir beneficiándose en 2012 y 2013.