España presenta demanda en Luxemburgo para reducir o anular la multa impuesta por Bruselas por pastos

En concreto, Cabanas ha explicado que esta sanción para Andalucía proviene de la corrección financiera derivada de los problemas en la admisibilidad de las superficies de pastos en las ayudas agrícolas europeas, concedidas entre 2009 y 2013.

El representante de Agricultura ha señalado que la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la decisión del Gobierno de que la regiones sean las responsables de abonar la sanción por pastos se trata de una "medida cautelar" y no supone que se dé la razón a la Junta de Andalucía.

Uno de los motivos por las que el Supremo ha aceptado la petición de medidas cautelares, ha señalado Cabanas, es que está pendiente la resolución de la demanda ante el Tribunal de Justicia europeo.

La decisión del Gobierno de que la multa debía ser abonada al 100% por las autoridades competentes en el control de las superficies de pastos fue adoptada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, y recurrida por Andalucía por vía contencioso-administrativa.

Cabanas ha aclarado que las medidas cautelares aprobadas por el Supremo, cuyo efecto práctico es que ha quedado suspendido el pago, por parte de la comunidad autónoma a la Administración General del Estado, de los importes establecidos al efecto en el acuerdo de Consejo de Ministros, estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento.

De esta forma, remite a que se publique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Veremos cómo influye la misma en el procedimiento abierto ante el Supremo", ha precisado durante su comparecencia.

El secretario general también ha subrayado que si las comunidades autónomas afectadas por esta multa, incluida Andalucía, hubiesen actuado igual que las cinco regiones que si establecieron, desde 2008, un coeficiente de admisibilidad en las superficies de pastos permanentes, siguiendo las recomendaciones del Departamento, no hubiera habido sanción.

Por último, Cabanas ha apuntado que si finalmente no se consigue reducir la multa en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Gobierno no tiene nuevos elementos para cambiar su posicionamiento y se mantiene la consideración de que las comunidades autónomas deberán asumir su responsabilidad y proceder al pago de la multa.