Experta dice que el caso de las preferentes ha hecho que España "se ponga las pilas" para proteger al consumidor

La subdirectora general de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo de Consumo del Instituto Nacional de Consumo (INC), Milagros Yagüe Maricalva, ha afirmado este jueves en Santander que casos judiciales como el de las participaciones preferentes comercializadas por entidades como Bankia han hecho que España "se ponga las pilas" para proteger al consumidor porque estas situaciones "se salían de nuestro control".

Así, ha explicado que después de las preferentes y de otros productos bancarios complejos, con el nuevo Real Decreto-Ley que protege los derechos de los consumidores "se ha buscado simplificar los procesos de arbitraje, ganar en eficiencia y reducir costes".

Por ello, ha reivindicado que en España --que se acoge a la misma Directiva que el resto de Estados miembros de la Unión Euroepa en defensa de los derechos del consumidor-- "tenemos un buen nivel de protección para el consumidor, aunque todavía queda mucho por hacer".

Igualmente, Yagüe ha afirmado que "las grandes empresas de telefonía empiezan a darse cuenta de que no les sale rentable maltratar al consumidor", por lo que, en su opinión, "se están acercando poco a poco" a los clientes, "aunque queda mucho por hacer", tal y como ha insistido durante la clausura del encuentro 'Problemas actuales del Derecho del Consumo', que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

De esta forma, ha destacado que el dinero invertido por estas empresas en campañas de captación de nuevos clientes "lo pierden en los muchos que les dejan por sentirse maltratados", por lo que considera que "está cambiando poco a poco la filosofía de las empresas", que hasta hace unos años tenían hábitos "fuera de la legalidad y que históricamente" les "salía a cuenta" porque "sólo algunos pocos clientes llegarían hasta el final con una queja al respecto y las sanciones son bastante ridículas".

Entre estas prácticas, ha mencionado "anunciar los precios de las tarifas sin el IVA incluido o llamar reiteradamente a las casas para promocionarse sin que el ciudadano lo hubiera pedido".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor labor pedagógica y de formación para que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos. "Los consumidores son de todas las edades y todos los estratos sociales, por eso no es fácil llegar a todos ellos y por eso tienen que implicarse tanto la Administración y las asociaciones de consumo como los medios de comunicación", ha explicado.

Yagüe ha admitido, sin embargo, que "siempre va a haber alguien a quien le convenga que los ciudadanos desconozcan cómo actuar ante los posibles abusos". "Pero desde luego no es el caso de la Administración, que es la primera que desea que los españoles estén informados e implicados", ha zanjado.