Expertos fiscales dicen que la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal no tendrá "ninguna consecuencia"

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de REAF-REGAF del CGE, Jesús Sanmartín, quien ha explicado que la sentencia indica que no se debía de haber regulado vía decreto la amnistía fiscal a pesar de la gravedad de la crisis en el año 2012.

No obstante, Sanmartín ha indicado que "lo que está hecho, hecho está", por lo que a efectos prácticos la incidencia de la sentencia es "prácticamente mínimo". "No va haber ningún caso que le afecte y eso es inamovible", ha añadido.

En esta línea, considera que la sentencia "no va a tener ninguna consecuencia" y que la situación de los contribuyentes con bienes no regularizados o escondidos seguirá siendo "igual", al estar expuestos a cualquier tipo de inspección por parte de la Agencia Tributaria.

El Pleno Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

La amnistía fiscal de 2012 permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no declarados y supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros, la mitad de lo estimado inicialmente. En concreto, la Declaración Tributaria Especial (DTE) permitió a los evasores normalizar su situación ante la Agencia Tributaria pagando solo el 10% del capital declarado.

GESTHA PIDE LA DIMISIÓN DE MONTORO.

Por su parte, el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.

Según el vicepresidente de Gestha, José María Mollinedo, la Ley de amnistía fiscal quebranta el principio de contribuir conforme a la capacidad contributiva, ya que contempla un pago único del 10% "sin ninguna matización". "Daba igual que aflorasen 5.000 euros o 5 millones", denunció en declaraciones a Europa Press.

Igualmente, el sindicato de inspectores de Hacienda celebró en un comunicado el "espaldarazo" del TC a las denuncias del colectivo sobre la inconstitucionalidad de la ley.