Un juez permite a Ferrovial rescindir el contrato de una autopista "por incumplimiento de la Administración"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia en la que reconoce el derecho de Ferrovial a rescindir el contrato de una autopista que la Comunidad de Madrid le adjudicó en 2005 y aún no está terminada de construir ni en servicio "por incumplimiento de la Administración concedente".

En su sentencia, con fecha del pasado 12 de febrero, el tribunal reconoce además el derecho del grupo que preside Rafael del Pino a recibir una compensación económica por dicha resolución del contrato.

No obstante, la sentencia aún no es firme, dado que contra la misma cabe recurso ante el Supremo, según indica la compañía de construcción, servicios y concesiones en su informe anual correspondiente a 2014.

Ferrovial logra de esta forma el aval de los tribunales para anular el contrato, anulación que solicitó mediante la presentación de una demanda ante este Tribunal en abril de 2014.

La Comunidad de Madrid adjudicó a Ferrovial en 2005 el contrato de construcción y posterior concesión durante treinta años de la M-203, una vía de unos 12 kilómetros de longitud que conecta Alcalá de Henares y Mejorada del Campo, con la previsión de que se pusiera en servicio en 2008 y canalizar parte del tráfico de la A-2.

El Gobierno regional no promovió la construcción de una conexión entre esta vía con la radial de peaje R-3, tal como estaba previsto, por lo que las obras de la M-203 quedaron en suspenso.

Tras una fase previa de negociación con la Comunidad, Ferrovial finalmente decidió el pasado año pedir la anulación del contrato por vía judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite ahora este fallo reconociendo el derecho a suspender el contrato mientras actualmente la Administración central, a través del Ministerio de Fomento, trabaja en un proyecto para rescatar ocho autopistas de peaje en quiebra.

MIENTRAS SE TRABAJA EN EL RESCATE.

En este caso, la situación que atraviesan las vías deriva de los sobrecostes de las expropiaciones y de la caída de los tráficos.

El proyecto diseño por el Departamento que dirige Ana Pastor para solventar la situación de estas vías está pendiente de un acuerdo con la banca para reestructurar la deuda de 3.400 millones que suman las vías y de sendas sentencias emitidas por dos Juzgados de lo Mercantil de Madrid esta semana.

Una de ellas rechaza el plan de rescate que el Departamento que dirige Ana Pastor ha presentado como propuesta de convenio de acreedores en los procesos concursales de las vías, y la otra pide que lo subsane.

El Ministerio de Fomento ha recurrido la primera de las sentencias, que en caso de llevarse a efecto supondrá la liquidación de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda y la activación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y poder salvar su plan de rescate, que pasa por integrar todas las vías en una sociedad pública para gestionarlas conjuntamente.