Finaliza la 'Operación Sparrow' con sanciones económicas por un importe de 17,84 millones

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha notificado la resolución con la que se pone fin al expediente sancionador iniciado a raíz de la 'Operación Sparrow', con sanciones económicas por un importe total de 17,84 millones y sanciones a nueve empresas y siete personas físicas por su implicación en la actividad de buques que han incurrido en pesca ilegal.

En el desarrollo de la operación se inspeccionaron las sedes de diversas empresas españolas en la localidad de Santa Eugenia de Ribeira durante los días 11, 12 y 13 de marzo del pasado año, previa obtención de autorización judicial, ante la sospecha de que estas empresas podrían estar relacionadas con buques implicados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Gracias a la actuación de los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca del Ministerio, así como a la colaboración de diversas organizaciones internacionales y de las autoridades públicas de Nueva Zelanda, Australia, Cabo Verde y Belice, se obtuvieron más de 3.000 documentos que acreditaban, tal como se ha puesto de manifiesto tras la tramitación del correspondiente expediente sancionador, la existencia de un entramado empresarial que, utilizando a otras empresas extranjeras, trataba de evitar el descubrimiento de los hechos finalmente sancionados.

El objetivo era permitir la gestión y explotación de cuatro buques: 'Kunlun', 'Songhua', 'Yongding' y 'Tiantai', todos ellos incluidos en los listados de buques involucrados en pesca ilegal, tanto de la Unión Europea como de varias organizaciones regionales pesqueras como la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos. En la actualidad, el 'Kunlun' se encuentra retenido en Senegal, el 'Songhua' y el 'Yongding' retenidos en Cabo Verde, y el 'Tiantai' se hundió en las aguas antárticas en el año 2014.

SANCIONES

En concreto, la resolución sancionadora, firmada por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha declarado responsables a las personas jurídicas españolas participantes del entramado (Vidal Armadores, Viarsa Energia, Viarsa Cartera, Primary Capital, Gallega de Pesca Sostenible, Alimenta de Tunidos y Alimenta Corporación), así como a siete personas físicas vinculadas a éstas, responsables de varias infracciones por mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional.

Estas sanciones alcanzan un total de 16,75 millones de euros, a las que se unen las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 23 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los cinco y los 26 años.

Además, se sanciona también a las empresas Vidal Armadores, Propegarvi y Proyectos y Desarrollos Sostenibles, así como a parte del personal de las mismas, presente en las sedes durante el desarrollo de las inspecciones, por obstrucción a las labores de inspección y destrucción de documentos, con multas por un total de 1,09 millones de euros.