Gestha pide que se incluya en la Constitución la prohibición para aprobar nuevas amnistías fiscales

De este modo, el colectivo propone que esta prohibición no se quede solo en la Ley General Tributaria, sino que se incluya en la Carta Magna.

En este sentido, los técnicos recuerdan que ya en la Ley 31/1991 del 30 de diciembre, que aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, se incluía una disposición adicional, que hoy en día sigue vigente, que hacía referencia a la "exclusión de amnistías y regularizaciones fiscales a partir del 1 de enero de 1992", de modo que no se dictaría normativa alguna que implicara que quien hubiese incumplido con sus obligaciones tributarias pudiera disfrutar de ningún tipo de amnistía ni regularización tributaria.

A su juicio, se trata de una disposición legal que el Gobierno "debió pasar por alto" cuando redactó la amnistía de 2012 recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

Para el colectivo es fundamental que se incluya en la reforma del texto constitucional, ya que es la "única forma" de garantizar que no se llevarán a cabo futuras amnistías, pues la disposición de la ley de Presupuestos de 1992 "no tuvo ninguna eficacia, como se comprobó 20 años después".

Igualmente, los técnicos reiteran la solicitud de que se hagan públicos los nombres e importes de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que se lleve a cabo una investigación a todas las personas y empresas que se acogieron a ella, ya que en casi 4.000 inspecciones hasta la fecha se ha descubierto que siguieron defraudando tras regularizar su situación, lo que significa que por el momento se ha descubierto fraudes posteriores que casi el 12% de los amnistiados.