Gestha avisa de que las nuevas medidas fiscales son un "primer paso" hacia más subidas de impuestos

Aunque respaldan el aumento impositivo de casi 5.000 millones, entienden que es solo una primera fase para reducir el déficit público, que inevitablemente tendrá su continuación el próximo año, a no ser que se refuerce realmente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En concreto, los técnicos señalan que este primer paquete de medidas fiscales representa apenas un 9,5% de la recaudación diferencial de casi 54.000 millones que separan a España con la media ponderada de la Unión Europea. Sobre este diferencial, explican que España recauda por el IRPF 17.673 millones menos; 5.000 millones menos por las rentas del capital, 4.346 millones menos por el Impuesto sobre Sociedades, 512 millones menos por tabaco y alcohol y 247 millones menos por los diferentes impuestos medioambientales.

En este sentido, aunque Gestha reconoce que estas medidas aumentarán la tributación de las grandes sociedades en 4.300 millones --lo que reducirá casi en su totalidad el diferencial de este impuesto con Europa--, resalta que no hay aumento de la carga impositiva, sino simplemente se difieren a los próximos años las posibilidades de compensar bases imponibles negativas y deducciones para evitar la doble imposición, con lo cual los 4.300 millones que ahora se ingresan, se dejarán de ingresar en el futuro. Por tanto, se trata de medidas "simplemente coyunturales" para cumplir el objetivo de déficit.

Como ya señaló el colectivo, desde el inicio de la crisis la recaudación por Sociedades se ha hundido un 55% desde los 44.823 millones recaudados en 2007, lo que supone una pérdida acumulada de ingresos en los últimos ejercicios de 173.000 millones de euros.

Por otra parte, Gestha respalda la subida de 350 millones en los impuestos de tabaco y bebidas alcohólicas, ya que España que ocupa el lugar vigésimo primero en el ranking europeo con menor imposición, pero advierte de que estas subidas suelen reducir el consumo. Por lo tanto, este aumento de la recaudación se verá disminuido en el tiempo, al igual que sucederá con el nuevo impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas.

En el caso de los refrescos, España recoge así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que urgía a los países a gravar estas bebidas en beneficio de la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, los técnicos de Hacienda ven en estas medidas una forma de fomentar hábitos saludables entre la población, más que una manera de reducir el déficit.

CASI 1.00 MILLONES POR PATRIMONIO.

En este paquete de medidas fiscales, Gestha destaca también la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio que permitirá a las comunidades autónomas recaudar 937 millones, si bien recuerdan que la Comunidad de Madrid pierde 660 millones anuales al no exigir este tributo a 15.532 madrileños que atesoran el 25,2% del patrimonio total de España.

Por otro lado, los técnicos aclaran que aunque el Gobierno ha anunciado un plan de transformación de la Administración Pública para 2017-2019, no se han especificado las medidas para lograr el ahorro de 900 millones, simplemente se ha limitado a esbozar que dará continuidad al plan CORA en la gobernanza pública, nuevas tecnologías, empleo público y racionalización de las estructuras del sector público. Sin embargo, los técnicos denuncian que no se aborda la reforma fundamental del funcionamiento y estructura de la Intervención General de la Administración del Estado, para potenciar y hacer más efectivo y eficaz el control del gasto público y de las subvenciones.

Por último, Gestha echa en falta concreción para lograr los 500 millones anunciados por el aumento en los resultados de la lucha contra el fraude llevada a cabo por la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), al tiempo que siguen sin concretarse las medidas contra el fraude comprometidas en la investidura para lograr otros 1.000 millones.

El colectivo de técnicos aplaude la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, medida que ha venido defendiendo desde 2004, pero avisa de que si bien obstaculizará el fraude fiscal, no lo eliminará. Además, apunta que el Gobierno también debe reducir "notablemente" el límite a los pagos en metálico permitido a los ciudadanos no residentes en España, que actualmente está en 15.000 euros y es "demasiado generoso".

En cuanto a la remisión telemática de los registros de facturas del IVA que obligará a las grandes empresas a informar de forma automática a la Agencia Tributaria de las transacciones realizadas, los técnicos indican que no es una medida de lucha contra el fraude, sino una información que se podrá explotar en eventuales comprobaciones.