Gobierno da vía libre para que las CC.AA. adapten las políticas activas de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, con la que se garantiza la igualdad en la atención a los desempleados en todas las comunidades autónomas y se las dota de flexibilidad en el diseño de las políticas activas de empleo para adecuarlas a las necesidad de su mercado laboral.

El Gobierno calcula que el número medio de potenciales beneficiarios de las actuaciones previstas en la estrategia alcanzarán los 9,5 millones de personas anuales, mientras que la inversión estimada rondará los 24.468 millones de euros, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los ingresos por cuotas de formación de empresarios y trabajadores, del Fondo Social Europeo y de los fondos propios de las comunidades autónomas.

Según el Gobierno, la media permitirá reducir la temporalidad, reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna de las empresas y mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del mercado.

Del mismo modo, este plan apuesta por una mayor relación entre políticas activas y pasivas; colaboración público-privada y evaluación de todas las políticas y medidas correctoras.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ?

Según el Ejecutivo, la aprobación de la estrategia permitirá una atención personalizada que implicará un diagnóstico, un itinerario y un acuerdo personal de empleo que alcanzará a un número progresivamente de personas y se universalizará en 2013 para toda la población desempleada.

En primer lugar, se determinarán los colectivos prioritarios de cada ámbito, se definirán las acciones y medidas de políticas activas de empleo que deberán realizarse y que la Estrategia no regula porque corresponderá a las comunidades autónomas, dotándoles de mayor flexibilidad.

Además, estos objetivos estratégicos contarán por primera vez con indicadores adecuados "claros, medibles y fiables", que permitirán evaluar su grado de cumplimiento.

Por su parte, las comunidades autónomas también tendrán más flexibilidad a la hora de gestionar las inversiones en políticas activas de empleo, si bien se abre la puerta a que aquellas que no cumplan los objetivos fijados vean mermadas las inversiones futuras.

Esta iniciativa se enmarca en la reforma de las políticas activas de empleo, a la que el Gobierno dio luz verde el pasado mes de febrero, y se deriva del Acuerdo Social y Económico (ASE).

Este plan persigue elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo, con la consecución de una tasa de empleo del 74% para la población de entre 20 a 64 años en el horizonte 2020, y del 68,5% para el empleo femenino.