El Gobierno convocará el CPFF a finales de mes para aprobar el plan de Asturias y los objetivos de estabilidad

En un principio, el Gobierno pretendía convocar el CPFF a mediados de mes, pero previsiblemente esperará a la última semana de junio para disponer de más tiempo para analizar el plan asturiano.

Ésta será la primera reunión del Consejo después de que España declarara el pasado sábado su intención de pedir ayuda a Europa para sanear su sistema financiero.

Asturias fue la única comunidad que no pasó el examen del mes de mayo, cuando el CPFF dio el visto bueno a los planes de reequilibrio elaborados por las regiones para ajustar sus presupuestos.

En aquella reunión, las comunidades se comprometieron a realizar un ajuste de 18.349 millones de euros en el año 2012, de los que 13.071 millones proceden de la reducción de gastos y 5.278 millones del aumento de ingresos.

En cambio, Asturias aún contaba con un Gobierno en funciones que reconocía en el propio plan que no iba a cumplir las exigencias de Hacienda y el Gobierno le concedió quince días para presentar un nuevo plan con un ajuste de 616 millones.

A principios de mes, el nuevo gobierno de Asturias envió al Departamento dirigido por Cristóbal Montoro un borrador sobre un nuevo plan con un ajuste de 498 millones y en estos últimos días le ha hecho llegar el plan definitivo.

La reunión de finales de junio servirá para dar el visto bueno a este plan y también para refrendar los objetivos de estabilidad para los próximos tres años después de que todas las comunidades se hayan comprometido a reducir el déficit al 1,5% del PIB en 2012.

El programa de estabilidad marca los objetivos hasta el año 2015, que pasan por reducir el déficit público al 3% en 2013, al 2,2% en 2014 y al 1,1% en 2015. De hecho, el Gobierno espera alcanzar el equilibrio presupuestario en 2016.

En este escenario, las comunidades autónomas rebajarán sus saldos negativos al 0,5% en 2013, al 0,3% en 2014 y alcanzarán equilibrio presupuestario en 2015.

A raíz de estos objetivos, el CPFF aprueba cifras individuales para cada comunidad autónoma, aunque normalmente se les asigna a todas un déficit que coincide con la cifra global prevista para ese año.