El Gobierno lleva mañana al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude

Durante la presentación de una conferencia dada por el presidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, Montoro ha insistido en que la tarea "más urgente y perentoria" de España es recuperar la confianza en el país y ha dicho que para ello no hay otro camino que no sea el de reducir la deuda pública y sanear las administraciones.

El Consejo de Ministros ya analizó un informe sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal hace un par de meses y ahora lo vuelve a poner sobre la mesa para su aprobación y remisión a las Cortes.

Entre las medidas 'estrella' de este anteproyecto se encuentra la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos.

Este límite no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará hasta los 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes, para favorecer la llegada de turistas.

Quienes incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Los intervinientes en estas operaciones en las que participe un empresario o profesional deberán conservar los justificantes de pago durante cinco años para acreditar ante la Agencia Tributaria que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Otra de las medidas del anteproyecto establece que las deudas fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero no prescribirán, por lo que la Agencia Tributaria podrá liquidarlas independientemente de cuando sean detectadas. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo entre los no prescritos.

Además la Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

El Gobierno ha justificado esta medida en que en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales tortuosos.

Para evitar esta situación, Hacienda legislará para evitar la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda, con lo que se abre la posibilidad de perseguir y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses generados "en cualquier momento en el que fuera detectada".

EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE MÓDULOS

Por otra parte, el anteproyecto recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera, entre otras.

AUMENTAR LA CAPACIDAD RECAUDATORIA

Además, según afirmó Montoro cuando informó de este anteproyecto, se "potencia" la figura del inspector y se establece un régimen sancionador "duro y estricto", con multas de entre 1.000 y 100.000 euros, por obstaculizar o negarse al proceso de inspección.

El anteproyecto incluye también una serie de medidas encaminadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos procedimentales o diluyendo su patrimonio.

En concreto se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos tributarios, con un ánimo defraudatorio. Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales.

El ministro de Hacienda ha asegurado que los grandes objetivos de este proyecto de ley son ganar equidad tributaria y aumentar los ingresos.