(Amp.) El Gobierno aprueba la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016 y el Plan Anual de Empleo 2014

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un conjunto de medidas para impulsar las políticas activas de empleo a través de la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, diseñada junto a las comunidades autónomas para acelerar la transición del desempleo al empleo mediante acciones más eficaces, así como para ofrecer a los trabajadores y empresas servicios de calidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha celebrado que la economía y el empleo estén en un momento distinto y que por primera vez desde la crisis se creen puestos de trabajo de forma sostenida.

Según destacó, 2014 ha supuesto el "mejor arranque" de año en términos de empleo ahora que las tasas de crecimiento de PIB se equiparan con las de incremento del empleo. "Esa es la verdadera revolución de la reforma laboral, la transformación estructural del mercado de trabajo", ha dicho, tras reconocer, sin embargo, que aún queda un "reto importante" por delante, que es trasladar a los más de 4 millones de parados al mercado de trabajo.

Por este motivo, según Báñez, el Gobierno ha dado cumplimiento este viernes al compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de reformar las políticas activas de empleo, después de contar con el compromiso "fuerte y claro" de todas las comunidades autónomas, que han participado "de forma activa, coordinada y responsable", igual que los interlocutores sociales. "Todos a favor del empleo", ha celebrado.

La estrategia de activación constituye un escenario plurianual para vertebrar las actuaciones de los distintos Servicios Públicos de Empleo bajo un paraguas de objetivos y principios de actuación comunes, compatible con la flexibilidad de los instrumentos para su consecución.

La estrategia contará con tres reglamentos --uno de servicios, otro de programas de empleo y otro de formación profesional para el empleo--, un programa de buenas prácticas entre Servicios Públicos de Empleo, una redistribución de fondos en función de la evaluación del cumplimiento de cada comunidad y un refuerzo de los mecanismos de fiscalización y justificación del uso efectivo de los fondos.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Política de Empleo 2014, que es la concreción de la estrategia para 2014 y recoge los objetivos comunes para los Servicios Públicos de Empleo. El plan, tal y como ha explicado Báñez, cuenta con 422 actuaciones y con seis ejes de actuación concreta: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo.

Para su evaluación, cuenta con un sistema de 26 indicadores, producto de la participación activa de todos los Servicios Públicos de Empleo, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y definir así la distribución de fondos en 2015.

EL 60% DE LOS FONDOS DE 2015, VINCULADOS A OBJETIVOS

Junto al plan, el Gobierno ha acordado la distribución de fondos para la ejecución de las políticas activas este año. El total de los fondos repartidos en 2014 asciende a 1.251,9 millones y un 40% de los mismos se ha visto condicionado por los resultados obtenidos en 2013. En 2015 esa proporción ascenderá al 60%. El Gobierno ha acordado con las comunidades una transición gradual hacia la cultura de evaluación que condiciona el reparto.

Además, ha dado nuevos pasos en la definición de una cartera común de servicios para el sistema nacional de empleo con el objetivo, según Báñez, de definir mejor lo que tiene que ser "el mínimo" que tiene que recibir un trabajador como derecho. La cartera común estará integrada por cuatro servicios de empleo: uno de orientación profesional, otro de colocación y asesoramiento a empresas, otro de formación y cualificación para el empleo y uno de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

Además, definirá una serie de principios para su prestación desde los servicios autonómicos como la atención personalizada, la igualdad en el acceso a los servicios, la eficiencia, transparencia y orientación de resultados.

Por otro lado, el Consejo de Ministros y ha analizado un informe sobre la reforma del sistema de formación basado en la transparencia, la eficacia y la libre concurrencia que estará operativo a partir del 1 de enero de 2015 y que contempla, ente otras cosas, la implantación de la cuenta-formación que acompañará al trabajador durante su carrera profesional.

Igualmente, se introducirá la posibilidad de instrumentar un cheque-formación para parados con el objetivo de proporcionarles la formación que necesitan, se aplicará la tele-formaciónpara superar las limitaciones de un calendario formativo, se desarrollará un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de acciones y se impulsará el sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.

UNIDAD DE INSPECCIÓN PROPIA

Además, se realizará una evaluación permanente de la calidad y el impacto, se garantizará el principio de tolerancia cero contra el fraude con la creación de una unidad de inspección de trabajo especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad de sanción y se aprobará un régimen sancionador que permita limitar el trabajo para la Administración de los beneficiarios de los planes de formación durante los siguientes cinco años al incumplimiento de la legalidad.

Además, se diseñará un modelo de formación profesional para el empleo de aplicación a todas las administraciones, se elaborará un escenario de planificación plurianual según las necesidades de las empresas, se definirá un nuevo papel para los distintos agentes y órganos del sistema y se establecerá la libre concurrencia entre entidades de formación.

El objetivo de la reforma es garantizar el derecho de todos trabajadores, empleados y parados, al acceso a la formación, contribuir a la competitividad de las empresas y mejorar la eficiencia y transparencia de en la gestión de recursos públicos. Según Báñez, las políticas de formación no daban resultados de calidad y había que renovarlas con un "cambio integral" del modelo.