(Amp.)El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas

El Gobierno ha aprobado este viernes la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a España de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la RSE, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.

Precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta estrategia contribuirá a "apoyar el desarrollo de prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas para que sean un motor para la competitividad del país".

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha subrayado que la aprobación de la Estrategia es "un compromiso" del Ejecutivo, además de cumplir con las recomendaciones europeas y el acuerdo del 29 de julio en Moncloa con los interlocutores sociales. Báñez ha destacado que la Estrategia aprobada constituye "un marco de referencia en línea con otros países del entorno", al tiempo que ha subrayado "España es de los países que primero está adoptando" medidas al respecto, que tienen "una gran importancia" para promover "una economía más inclusiva y que crea valor para las personas".

La Estrategia Española de RSE parte de seis principios --competitividad, cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y voluntariedad--, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación, como promover la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles, integrar la RSE en la educación, la formación y la investigación, Buen Gobierno y transparencia, gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo o Inversión socialmente responsable e I+D+i, entre otras.

El objetivo final pasa por apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

El documento incluye, además, en su parte final, una clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (12 son de prioridad muy alta, 18 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.

AMPLIA PARTICIPACIÓN

La Estrategia se ha elaborado en el seno del CERSE a partir de una propuesta inicial que el Ministerio realizada a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Además de los cuatro grupos que componen el CERSE (administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y sociedad civil organizada) en la elaboración de la Estrategia han participado 10 ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales, responsables de RSE de empresas españolas, expertos académicos y también los ciudadanos a través del proceso de información pública al que ha sido sometido el borrador del documento.

En palabras de Báñez, con esta Estrategia se busca tener "un marco de referencia nacional y una visión global" para apoyar "prácticas responsables tanto en organizaciones públicas como privadas, con el fin de que constituyan el motor del impulso de lo que tiene que ser una sociedad más competitiva, siendo además más integradora y más sostenible".

La ministra ha hecho alusión a varios aspectos de la normativa aprobada, como la voluntariedad, la creación de valor compartido, la competitividad, la mayor cohesión social "para que dé oportunidades para todos", la sostenibilidad, la transparencia --"lo que va a redundar en una mayor confianza y credibilidad de la economía"-- o la protección de los Derechos Humanos, entre otros.

En cuanto a los objetivos, ha subrayado que busca impulsar y promover la RSE en España, identificar y promover esta estrategia como atributo de competitividad, sostenibilidad y cohesión social, difundir los valores de lo que significa la RSE en la sociedad y crear un marco de referencia común en todo el territorio.

CREACIÓN DE UN PORTAL DE RSE

Respecto a las medidas que se pondrán en marcha para alcanzar los objetivos citados, la ministra ha mencionado la puesta en marcha de una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias o informes sobre RSE, que será voluntario, pero está relacionado con la transparencia y el gobierno corporativo. Además, se desarrollará un portal de Responsabilidad Social cuya primera publicación será la Memoria que la Administración General del Estado realiza anualmente.

También se reconocerá a aquellas empresas y organizaciones que trabajen por la RSE, poniendo como ejemplo el sello de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a la que se han adherido hasta la fecha alrededor de 600 empresas y cuenta con más de 550 millones de euros de recursos privados.

El texto aboga además por la educación y la formación o la investigación, entre otros aspectos, con el fin de fomentar la formación en principios responsables desde "edades tempranas". Por ello, ha adelanto que se está trabajando con el Ministerio de Educación y entidades más representativas para "extender y afianzar este tipo de principios".

"Va a ser un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la imagen de España y de la marca España", ha reiterado la ministra, que ha asegurado que se promoverán aspectos vinculados a la transparencia y el Buen Gobierno. En este punto, ha recordado la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; o la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo para las entidades de crédito, entre otras, además de medidas para luchar contra la economía sumergida o reducir la evasión fiscal.

En promoción de la igualdad, ha indicado que se va a poner en marcha un Plan para Igualdad entre Hombres y Mujeres en el ámbito laboral y otro contra la Discriminación Salarial que está impulsando el Ministerio de Sanidad, además de impulsar medidas para promover la conciliación familiar y personal.

En relación con los proveedores, se ha referido al abono de las facturas en los plazos legales y a la incorporación de claúsulas sociales y medioambientales; asimismo, se impulsará la Inversión Socialmente Responsable, la promoción de la I+D+i, el consumo responsable, la protección del medio ambiente y de los Derechos Humanos.