El Gobierno autoriza la suscripción de convenios entre el FEGA y CC.AA. para la gestión informática de la PAC

El coste total del mantenimiento y desarrollo de la aplicación informática asciende a 2,42 millones de euros. De esta cantidad, el FEGA se hace cargo del 50%, asumiendo lo que le hubiera correspondido a las comunidades autónomas que no participan más el 30% procedente de las comunidades que participan en la modalidad parcial, lo que supone un total de 1,60 millones de euros.

Estos convenios presentan dos modalidades de participación. Por un lado, una modalidad completa, en la que la comunidad autónoma tendrá acceso a todos los módulos de la aplicación informática. En esta situación se encuentran las comunidades del Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Generalitat Valenciana.

Mientras, en la modalidad parcial las comunidades tendrán acceso a todos los módulos con excepción del módulo de captura, en cuya situación se encuentran las comunidades de Andalucía y Aragón.

En ambas modalidades se definen las condiciones de colaboración entre el Estado y dichas Comunidades Autónomas para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas y medidas de desarrollo rural, en el ámbito de la PAC 2015-2020, desarrollada por el FEGA.

Cada Comunidad Autónoma se encargará del despliegue, administración y operación del sistema de producción, y prestará el servicio de soporte informático a los usuarios de primer nivel. Además, financiará parcialmente el mantenimiento de la aplicación informática, según el reparto indicado en el cuadro siguiente:

El año 2015 es el primero en el que se gestiona y captura este nuevo modelo de las solicitudes de las ayudas de la PAC. Estos convenios de colaboración para el uso de la aplicación informática, desarrollado por el FEGA, tienen como objetivo mejorar la coordinación y la homogeneización en la gestión de las ayudas en las distintas Comunidades Autónomas, armonizando la gestión y reduciendo los costes para las administraciones públicas