El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que regulará un código de buenas prácticas en el sector alimentario

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que regula, entre otros instrumentos, un código de buenas prácticas comerciales para mejorar las relaciones entre los distintos operadores (distribuidores, fabricantes y productores).

El objetivo de este proyecto, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, se centra en mejorar la vertebración de la cadena alimentaria para "garantizar una distribución sostenible del valor añadido a lo largo de la cadena".

El proyecto de Ley también está orientado a fortalecer el sector productor a través de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y los 'contratos tipo', a potenciar la industria alimentaria mejorando su competitividad y promocionando su papel en la cadena de valor y a conseguir un "mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena, para proporcionar a los operadores agrarios y alimentarios condiciones para fortalecer la competencia y la competitividad".

Para ello, regula un código de buenas prácticas que tendrá naturaleza de acuerdo voluntario y la finalidad de conseguir que las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena se fundamenten en principios como "la transparencia, la claridad, la concreción y la sencillez en el intercambio de información, el interés mutuo, la equidad, la responsabilidad, el compromiso, la confianza y la buena fe contractual".

El propio código determinará el sistema de certificación aplicable a las empresas que se adhieran y regulará un órgano independiente para llevar a cabo la vigilancia y control del cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas.

MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA A LAS INTERPROFESIONALES.

El proyecto de Ley también regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y contempla algunas modificaciones con objeto de ampliar sus finalidades y concretar su delimitación para dotarlas de mayor seguridad jurídica en sus actuaciones.

Igualmente regula los contratos-tipo de productos agroalimentarios, con los objetivos de ordenar las transacciones mediante la correspondiente fijación de las condiciones de suministro, establecer las garantías necesarias para el mutuo cumplimiento de las obligaciones contraídas, fomentar una situación estable de los mercados y mejorar la transparencia de las transacciones y la competencia del mercado.

NEGOCIACIÓN DE PRECIOS.

En relación con el régimen de contratación, contempla la posibilidad de que las organizaciones de productores, en representación de sus miembros, puedan negociar los precios y condiciones de pago de sus contratos, cuando así lo establezca explícitamente la legislación sectorial comunitaria y la normativa de defensa de la competencia.

También se incluye como novedad que, en determinadas circunstancias, la existencia de contratos escritos entre las partes pueda ser obligatoria, garantizando una constancia escrita de las transacciones entre los distintos operadores de un determinado sector, regulando las infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de este precepto.

El Proyecto de Ley establece un régimen sancionador para los contratos obligatorios que será aplicable a los contratos regulados en el Real Decreto sobre el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las Organizaciones interprofesionales en el sector lácteo.