El Gobierno rechaza incluir pisos de la Sareb en el Fondo Social de la Vivienda

En el informe anual de la institución correspondiente al año 2014 se señala que esta posibilidad se fundamenta en la importancia que la Sareb ha cobrado en el mercado inmobiliario y en que el 49% de esta sociedad es de origen directamente público.

A ello une las referencias contenidas en el Compromiso Cívico del Código de Conducta de la Sareb, por las cuáles ésta ha puesto a disposición de las comunidades autónomas cientos de viviendas de su 'stock' para usos sociales.

Frente a estas demandas, la Defensora del Pueblo relata que el Ministerio de Economía respondió que la Sareb "no está configurada como un instrumento de política social de vivienda, sino de política financiera".

Becerril trasladó entonces la misma petición al Ministerio de Fomento, que contestó que "no le corresponde instar a la Sareb para que actúe en un determinado sentido, y que apoya plenamente el criterio de Economía".

La institución insiste en que la importancia de la Sareb en el sector inmobiliario justificaría la actuación del Ministerio que dirige Ana Pastor en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio rector del Fondo Social de Vivienda, "con independencia de que sea el Ministerio de Economía quien presida esa comisión, además de la de seguimiento del cumplimiento de los objetivos generales de la Sareb".

Por otro lado, Fomento argumentó que entre los años 2013 y 2014 el número de solicitudes recibidas por las entidades financieras para hacerse con una de estas viviendas -6.000 inicialmente, con alquileres de entre 150 y 400 euros_ ha sido sustancialmente menor al de viviendas ofertadas, "por lo que no parece especialmente necesario aumentar la oferta de viviendas disponibles en el Fondo Social".

En mayo de 2014 se decidió ampliar el ámbito de potenciales beneficiarios del fondo. Según Fomento, una vez se puedan evaluar los efectos de esta ampliación sobre el número efectivo de solicitantes, será el momento de considerar si hay necesidad de aumentar el número de viviendas ofertadas por el Fondo.

La Defensora del Pueblo, no considerando suficientes estas respuestas, ha instado a "impulsar" la ampliación del número de solicitantes y, para ello, ha sugerido dar mayor difusión al conocimiento por el público del Fondo.

En cualquier caso, considera que el hecho de que las solicitudes recibidas en 2013 y 2014 haya sido inferior al número de viviendas incluidas en el Fondo "no puede significar, como pretende la Administración", que no sea necesario aumentar la oferta".

"La demanda de mercado (es decir, con capacidad de pago) está hoy muy mermada y en muchos casos es inexistente, mientras el derecho fundamental al uso y disfrute de una vivienda digna (artículo 45 de la Constitución) no está restringido a que haya tal demanda solvente", remacha Becerril.