El Gobierno de Uribe es cómplice de delitos de lesa humanidad, según una comisión extranjera

Así lo consigna la delegación en una declaración pública en la que indicó que sus integrantes escucharon varios "testimonios de las víctimas de horrorosos abusos de derechos humanos", en una visita al departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

El grupo admitió que se encuentra en "un estado de shock" por lo que ha oído y enfatiza en que no tiene "dudas, dado la evidencia, de que el Gobierno de Álvaro Uribe y las fuerzas de seguridad son cómplices en estos crímenes de lesa humanidad".

Los parlamentarios y los congresistas internacionales señalaron que escucharon testimonios de "padres, madres, hermanos e hijos asesinados, de familias desplazadas, de campesinos inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros, de sindicalistas amenazados, intimidados y asesinados".

Agregan que están "convencidos que las actividades asesinas de las fuerzas paramilitares son aprobadas y activamente apoyados por el Gobierno y las fuerzas del Estado".

Estos hechos, anotan enseguida, "son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos crímenes, y por la falta del sistema judicial en procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes".

Aseguran también que en lugar "de encarcelar a los verdaderos criminales, el Gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política y defensores de Derechos Humanos" a quienes la misión visitó hoy.

Los parlamentarios y sindicalistas formulan en la declaración un llamado para "su inmediata liberación y la de los demás prisioneros políticos y sindicalistas".

"Al regresar al Reino Unido y a Norteamérica estaremos llamando para que haya un inmediato fin al apoyo militar y político a Colombia", indica la misma declaración.

Asimismo, aseguran que instarán para que "no haya ningún tratado de libre comercio con Colombia hasta que los derechos humanos y derechos laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable".

También acusan a multinacionales como Occidental Petroleum de las violaciones de derechos humanos y laborales en Colombia, y señalan, finalmente, que abogarán por "el fin inmediato a la criminalización de la oposición democrática y legítima, y a las ejecuciones extrajudiciales".

La misión citó a una rueda de prensa el miércoles en la sede del Congreso en Bogotá en la que "advertirá sobre los riesgos en que vienen incurriendo las autoridades como consecuencia de los manejos que le vienen dando al flagelo de la violencia en Colombia".

Entre los parlamentarios que integran la delegación se encuentran Peter Kilfoyle, ex ministro de Defensa de Gran Bretaña, y los laboristas Andy Love, Sandra Osborne, Ian Davidson y James Sheridan, además del legislador estadounidense James McGovern.

También los líderes sindicales Jeremy Dear, cabeza de La Unión Nacional de Periodistas, el cual representa 32.000 comunicadores; Simon Dubbins, del sector gráfico; David Drever y Sally Hunt, del sector educativo; Samuel Gurney, del Consejo de Administración de la OIT; así como Adam Lee, Frederick Redmond, Mark Rowlinson, Anthony Woodhouse y Michael Shaw, del sindicato de bomberos.

Entre los expertos en derecho internacional que igualmente hacen parte de la comitiva figura Katherine Craig, quien en agosto del 2008 hizo parte de la Caravana Internacional de Juristas que recorrió territorio colombiano en demanda al respeto para defensores de la población civil.