El Gobierno aprueba los planes económicos de siete comunidades y suspende a seis

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde a los planes de reequilibrio económico financiero de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia, que si se unen a las medidas adoptadas por el País Vasco y Navarra supondrán un ahorro de 4.283 millones de euros, casi la mitad (47,6 %) del déficit registrado por estas comunidades en 2010.

Quedan en suspenso, mientras, seis autonomías: Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares.

La Rioja y Madrid no han tenido que presentar planes de reequilibrio, al haber cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2009 y 2010, y haber presentado en 2011 un presupuesto con un déficit inferior al 0,75 % del PIB.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha dado estos datos en la rueda de prensa posterior al CPFF, en la que ha asegurado que a "algunos" de los seis planes que quedan por aprobar "les faltan pocos detalles y ajustes" para ser refrendados "enseguida".

Salgado ha expresado su deseo de celebrar cuanto antes el próximo Consejo, si bien ha recordado que habrá que esperar hasta después de las elecciones y de que se constituyan los nuevos gobiernos regionales.

La aprobación de los siete planes otorga a estas comunidades la la autorización del Gobierno para endeudarse con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65 % del PIB de cada comunidad, en el primer tramo que permite el Estado.

En cuanto al ahorro de 4.283 millones que conseguirán estas siete comunidades junto al País Vasco y Navarra, se repartirá en una reducción del gasto de 3.479 millones y un incremento de los ingresos de 645 millones.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado el objetivo de estabilidad para 2014, que obliga a las comunidades a no superar un déficit del 1% del PIB, con lo que las regiones incrementan su compromiso de ajustar sus cuentas más allá de 2013, cuando España debe cumplir con las exigencias de la UE de reducir el saldo negativo del conjunto de sus administraciones hasta el 3 % del PIB.

En la rueda de prensa, Salgado ha confirmado la negativa del Gobierno a anticipar los fondos de competitividad solicitados por cinco comunidades -Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares-.

Según la ministra, no se dan las circunstancias que marca la ley para otorgar este adelanto, pues las regiones ya están recibiendo más de los 11.000 millones adicionales comprometidos en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Al conocer la negativa del Gobierno, los consejeros de Economía de estas cinco comunidades se han quejado por considerar que el Gobierno tiene la obligación de darlo, tal y como aparece en la Ley del Sistema de Financiación Autonómica.

En concreto, el consejero madrileño, Antonio Beteta, ha acusado a la ministra de ser "desleal" y de "engañar" a las comunidades autónomas por negarse a entregar el fondo.

Fuentes del Gobierno regional han recordado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de 2009, en el que se aprobó el nuevo sistema de financiación autonómico, se acordó que se daría a las comunidades que tuvieran derecho a recibirlo.

Por su parte, el conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, ha dicho que Cataluña reivindicará el Fondo hasta el último día de este año y no descarta recurrir a la vía judicial en caso de no conseguirlo por la política, además de insistir en que sin este montante no sabe si su comunidad podrá cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% para este año.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, ha avanzado que su gobierno reclamará al Estado el Fondo de Competitividad en los tribunales de justicia que, en su caso, asciende a 633 millones de euros,

También a la Justicia piensa recurrir Galicia, en concreto al Tribunal Constitucional, si no recibe este año el traspaso de su Fondo de Cooperación.

El conseller de Economía de Baleares, Carles Manera, ha pedido una "solución intermedia" que no comprometa los objetivos de estabilidad y que permitan oxigenar las cuentas de las comunidades que dependan de esta partida.