El Gobierno 'se blinda' para no tener que pagar expropiaciones en caso de quiebra de autopistas

El Gobierno ha aprobado por Real-Decreto Ley una medida para evitar que el Estado tenga que pagar deuda por expropiaciones de terrenos de autopistas de peaje en el caso de que las sociedades concesionarias de las vías no puedan hacer frente a los pagos por estar en concurso de acreedores.

La medida es retroactiva, de forma que afecta a "cualquier contrato de concesión" de autopistas ya adjudicada, según explicó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la norma.

El Ejecutivo toma esta iniciativa mientras actualmente busca una solución para una decena de autopistas de peaje en concurso de acreedores. Esas vías están en riesgo de quiebra debido en parte a los sobrecostes que registraron en el precio que pagaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron.

Según datos del sector, las concesionarias de estas diez autopistas podrían tener que afrontar pagos de expropiaciones por un total de 2.300 millones de euros, un monto cinco veces superior al inicialmente presupuestado, si bien están a la espera de que se dicten sentencias sobre la valoración de los terrenos.

Tal como recordó Pastor, los contratos de concesión por los que se construyen las autopistas de peaje establece que el justiprecio de los terrenos expropiados para la construcción de estas vías de pago "debería ser abonado por la sociedad concesionaria".

No obstante, la ministra indicó que se están dictando sentencias judiciales que "obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria por estar declarada en concurso de acreedores".

Así, para 'blindar' al Estado y evitar que "acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación", la medida aprobada este viernes "reconoce al Estado el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario, como resultado del pago por cuenta del otro".

SE RESTARÁ DE LA RPA.

De esta forma, se establece que esos casos, el Estado "restaría el pago de expropiaciones no abonada por la concesionaria de la autopista" del importe de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) tendría que abonar a la concesionaria en caso de que revertiera al Estado.

"Este nuevo régimen legal puede aplicarse a cualesquiera de las concesiones de autopistas ya adjudicadas", puntualizó la titular de Fomento.

En la actualidad, el Ministerio trabaja en un proyecto para solucionar y dar viabilidad a esta decena de vías de pago. El plan pasa por integrarlas en una sociedad pública en la que Fomento controlará un 80% del capital, y las actuales sociedades concesionarias se repartirá el 20% restante.

No obstante, en caso de que este proyecto no prosperara y las autopistas revertieran al Estado, el Gobierno debería abonar a las concesionarias por la referida responsabilidad patrimonial un importe que el sector estima en unos 3.500 millones de euros.