El Gobierno calcula perder hasta un millar de solicitudes de patente al año por la nueva regulación

El Gobierno espera perder hasta un millar de solicitudes de patente con la puesta en marcha de la nueva normativa reguladora de las patentes y marcas, que introducirá un examen de fondo obligatorio para cribar aquellas propuestas que no tienen "interés real" a nivel económico.

Así consta en la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley de Patentes que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros, y que actualiza la actual legislación, de 1986, adaptando el procedimiento nacional al entorno internacional, garantizando la unidad de mercado y aligerando el proceso administrativo.

La memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, va acompañada de una previsión de variación de la carga de trabajo que sufrirá la Oficina Española de Patentes y Marcas con la entrada en vigor de la nueva norma. En dicho informe se reconoce que es "complicado" hacer previsiones en esta materia sin un estudio de mercado, cuyo coste "resultaría prohibitivo".

En cualquier caso, el Gobierno admite que la introducción de un examen obligatorio para obtener una patente "probablemente dará lugar a una bajada" de solicitudes, aunque en la práctica eso supondrá "apostar por la calidad de los títulos otorgados, aunque ello pueda ir en detrimento del número de los mismos".

SOBRE TODO PARTICULARES Y UNIVERSIDADES

Así, lo previsible es que la mayor parte de las pérdidas se cuenten entre el 20% de solicitantes que están exentos del pago de tasas --por ser universidades o tener aplazamientos--, con lo que "también se dejarán de presentar solicitudes sin interés real", sobre todo por parte de "algunos solicitantes particulares especialmente prolíficos y de las universidades públicas".

En concreto, el Ejecutivo trabaja con tres posibles escenarios, en los que las solicitudes caerían de las 3.100 que se recibieron en 2013 a entre 2.250 y 2.750 solicitudes. La mitad previsiblemente pertenecerán a emprendedores individuales o pymes y otro 10% a universidades públicas.

Esto conllevaría un aumento en el número de cartas de objeción de examen previo y una disminución en el número de exámenes formales a realizar, así como la necesidad de contratar entre tres y 16 examinadores adicionales en la Oficina de Patentes.

Con todo ello, el plazo de traslado de los Informes del Estado de la Técnica (IET), que aumentarán al ser obligatorios para todas las solicitudes, se mantendrá en torno a los diez meses, "con pequeñas variaciones", tal y como ha venido ocurriendo en el último ejercicio.

Por su parte, se espera mantener unas 2.170 solicitudes de patente frente a las 3.100 solicitadas y 2.900 concedidas en 2013; así como 2.600 peticiones de modelos de utilidad y 80 certificados complementarios de protección.

"Con el nuevo procedimiento, se limitará la aplicación de medios materiales y humanos a las solicitudes de baja calidad, permitiendo con ello un significativo acortamiento de los plazos, haciendo posible una mayor atención y eficacia en el tratamiento de solicitudes que efectivamente supongan una aportación al desarrollo y a la innovación", defiende el Gobierno en otro punto de la memoria de impacto.

SIN IMPACTO PRESUPUESTARIO

Y es que gran parte de los que desistan de pedir una patente lo hará por las tasas "considerables" que deberá abonar con la nueva normativa, incluso aunque las pymes y los particulares tendrán un descuento del 50% y las universidades una bonificación de otro tanto, que podrá llegar al 100% si finalmente explotan de forma efectiva la patente. "Es decir, un 60% de los solicitantes pagarán sólo el 50% de las tasas", resume el Ejecutivo.

No obstante, el Ejecutivo asegura que el proyecto "no modifica la cuantía de las tasas" por lo que "en líneas generales se mantendrá el nivel de ingresos", que es "suficiente" para atender la totalidad de los gastos que se derivan de la actividad de concesión de patentes. Según datos oficiales, en 2013 la Oficina ingresó casi 47 millones de euros, de los que casi 30 millones se derivaron de invenciones.

Así, la tasa por solicitud de patentes y modelos de utilidad será de 100,38 euros (con un 15% de descuento por solicitud telemática) mientras que el Informe sobre el Estado de la Técnica costará 684,65 euros (581,95 euros si se presenta por Internet). De hecho, será el aumento de los casos en los que este informe es obligatorio lo que compensará la pérdida de ingresos por bonificaciones.

También se suprimirán los certificados de adición, que no llegaban al centenar cada año y costaban como las patentes, y la tasa de derechos de concesión de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, cuya recaudación quedará compensada por un incremento equivalente en la tasa de solicitud de demanda o depósito de patente o modelo de utilidad. Asimismo, se elimina el aplazamiento de pago de tasas para quienes carecen de medios económicos.

En definitiva, los ingresos por la tasa de depósito pasarán de 337.440 a 335.168 euros al año, los de certificados complementarios de protección se incrementarán en 2.880 euros, se perderá toda la recaudación por la desaparición de los exámenes formales y de los derechos de concesión, los IET también ingresarán 148.400 euros menos, los exámenes previos casi cuadruplicarán su aportación mientras que las tasas por solicitud de patente internacional se reducirán ligeramente.

En total, se pasará de ingresar unos 3 millones de euros con la actual ley a algo más de 2,95 millones de euros, con lo que la disminución estimada será del 1%, mientras que la reducción de las cargas administrativas conllevará un ahorro de 416.000 euros al año para los interesados gracias a la limitación de la exigencia de copias certificadas y traducidas a los casos "estrictamente necesarios".

NUEVO PROCEDIMIENTO

El proyecto de ley de Patentes implanta un único procedimiento de concesión que desemboca en un único título a través de un examen previo, y dejando por tanto el examen técnico y de formalidades a una fase posterior. También se reducen los requisitos para obtener una fecha de presentación y se sustituyen las oposiciones previas a un sistema post-concesión con tiempos más largos.

También prevé la posibilidad de tramitar preferentemente las solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de la Ley de Economía Sostenible, la implantación de programas de concesión acelerada en determinadas condiciones y el papel de la Oficina de Patentes como árbitro en caso de conflicto.

Asimismo, se da prioridad interna para "no perjudicar a los solicitantes de patentes nacionales frente a los que reivindican en España prioridad en otros países" y se permite la presentación de solicitudes mejoradas durante el año de prioridad.

El Ejecutivo asegura, por último, que la futura evolución comunitaria en esta materia no debería "condicionar ni modificar" los objetivos de la nueva regulación nacional.