El Gobierno congelará la parte regulada del recibo del gas en 2017

Según consta en el borrador de orden ministerial elaborado por el departamento que dirige Álvaro Nadal y al que ha tenido acceso Europa Press, para la revisión de enero "se ha tomado la decisión de continuar en 2017 la aplicación de los peajes y cánones".

Energía asegura que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015.

El borrador reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes total del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. En total, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto.

El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones.

También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París acerca de los costes del gas importado desde Argelia. En total, la tarifa debe asumir 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que esta empresa había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros.

Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental.

Al margen de este proyecto de conexión, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones, en cumplimiento de las anualidades ya establecidas.