El Gobierno ve cumplido el objetivo del estado de alarma, que concluye mañana

El Gobierno decretó el estado de alarma por vez primera en democracia al inicio del puente de la Constitución después de que los controladores abandonaran de forma masiva sus puestos de trabajo y se cerrara el espacio aéreo en la mayor parte del país durante veinte horas.

Hoy, tras haber prorrogado la alarma el pasado 16 de diciembre con autorización del Congreso al considerar que la tranquilidad no estaba garantizada, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado que la medida excepcional adoptada ha cumplido sus objetivos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó ayer un decreto que se publicará mañana y entrará en vigor a medianoche, cuando concluye el estado de alarma, para devolver a AENA las facultades de control de tránsito aéreo, que había asumido desde el 4 de diciembre el Ministerio de Defensa.

Según ha explicado Rubalcaba tras la reunión del Consejo de Ministros, se han logrado los dos objetivos buscados: garantizar la normalidad en los aeropuertos durante las Navidades y encauzar el final del conflicto con los controladores.

Los trabajadores y AENA negociarán el convenio colectivo hasta final de mes y el ex ministro Manuel Pimentel, designado como árbitro por las dos partes, tendrá hasta el 28 de febrero para resolver las discrepancias que todavía puedan persistir.

En declaraciones a Efe, el secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ha mostrado su satisfacción por "volver a ser como cualquier ciudadano español".

A partir de la medianoche de mañana dejarán de estar en las torres a la orden de los militares y volverán a trabajar "como cualquier civil".

En su opinión, no habría sido necesario mantener el estado de alarma, ya que su compromiso era trabajar "con toda normalidad" y la situación ha sido "forzada" por AENA.

La empresa, por su parte, ha mostrado su confianza en que, al concluir la alarma, el colectivo siga trabajando tal y como lo ha hecho durante el último mes.

La misma confianza tiene el Gobierno, que hoy ha recordado que el conflicto con los controladores tiene muchos años de antigüedad.

No obstante, el verdadero pulso de estos trabajadores con AENA tuvo lugar a lo largo de 2010, año en el que se aprobaron sucesivas normas para regular las condiciones laborales en las torres de control ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación del convenio.

El último decreto, el que llevó al plante masivo de los controladores, fue aprobado el 3 de diciembre, y en él se fijaba el máximo de horas que podían trabajar.

El cierre del espacio aéreo ha generado un aluvión de demandas de carácter penal, civil y militar, a las que deberán enfrentarse los controladores, promovidas por fiscalías, gobiernos autonómicos, usuarios afectados y compañías aéreas.

Los controladores fueron citados en diciembre por la Fiscalía de Madrid y se negaron a declarar, mientras la Fiscalía General del Estado anunciaba que los que faltaron a sus puestos de trabajo los días 3 y 4 se enfrentan a hasta ocho años de prisión por un delito de sedición.

El 29 de diciembre la propia Fiscalía de Madrid denunció a los controladores por sedición y ese mismo día la Audiencia Nacional se declaró incompetente para investigar las denuncias presentadas por las organizaciones de consumidores OCU y FACUA y las remitió a la fiscalía.

Mientras miles de viajeros se han unido para presentar sus demandas, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo reclamará unos cien millones de euros a AENA por las pérdidas sufridas por las aerolíneas, petición que, si no es atendida, llevará a la vía contencioso-administrativa.