El Gobierno declina regular las bitcoin hasta que no haya un pronunciamiento europeo

Así lo señala en una respuesta al exportavoz económico de UPyD en el Congreso Álvaro Anchuelo, quien registró una pregunta por escrito alertando de la inseguridad jurídica que el vacío legal en relación con las bitcoin está generando entre sus usuarios, que "no saben si pueden ser sancionados" por situaciones como no declarar el IVA por las compras realizadas con esta moneda o declararlas como un concepto erróneo.

"Ante la falta de información, son muchos los ciudadanos que se dirigen a la Administración sin garantía de obtener respuesta ni de que éstas sean consistentes, aumentando la inseguridad jurídica", lamentaba Anchuelo en su texto, que recoge Europa Press.

De hecho, a principios de año la formación magenta registró una proposición no de ley en la Cámara Baja para instar al Gobierno a regular el uso de esta moneda virtual para incrementar la seguridad y prevenir delitos como el de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

TOMAR MEDIDAS A CORTO PLAZO

Esta iniciativa parlamentaria respondía al pronunciamiento de la EBA, que el pasado verano instó a las autoridades nacionales a tomar medidas regulatorias a corto plazo para esta divisa y recomendó a las entidades financieras abstenerse de negociar y realizar transacciones con este tipo de monedas virtuales hasta que no cuenten con un régimen normativo claro.

La autoridad bancaria señalaba además algunas áreas donde haría falta un cuerpo regulatorio para afrontar los riesgos existentes, entre las que se contaban las materia de gobernanza, la segregación de cuentas de clientes, los requerimientos de capital y el establecimiento de un sistema de autoridades que vele por la integridad de un sistema y sus miembros.

Tras este pronunciamiento, Anchuelo ya preguntó sobre sus intenciones respecto del bitcoin, a lo que el Ejecutivo respondió por escrito reconociendo que se estaban manteniendo conversaciones a nivel europeo para recoger esta moneda como servicio de pago, con lo que quedaría sujeta a la directiva comunitaria correspondiente. No obstante, también reconocía que la "singularidad de la naturaleza jurídica" de esta divisa dificultaba la definición del marco jurídico "más apropiado".

Un año después, el ya exdiputado magenta volvió a preguntar sobre el asunto, ante lo que el Gobierno cita la resolución de la EBA de julio de 2014, que "destaca la necesidad de adoptar un enfoque regulatorio omnicomprensivo y afrontar la referida regulación a nivel europeo, destacando claras ventajas al efecto y con el objetivo de evitar el arbitraje regulatorio".

"En este sentido, se considera que la posible introducción de medidas debe estudiarse en el marco de las discusiones que se están teniendo lugar a nivel europeo", insiste, cerrando la puerta a la posibilidad de proponer una legislación nacional.

HACIENDA ASEGURA ESTAR VIGILANTE

No obstante, el Gobierno también recuerda que aunque las bitcoin no están sujetas a la declaración previa del medio de pago porque no existe un movimiento físico a través de las fronteras, las entidades financieras sí están obligadas a aplicar las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ante cualquier conversión en moneda de curso legal, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) las operaciones "sospechosas" de estar relacionadas" con ese tipo de delitos.

En mayo del año pasado, el Ministerio de Hacienda también confirmó por escrito a Anchuelo que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" la evolución del flujo de bitcoins y otros productos similares "por si su difusión pudiera suponer un riesgo respecto del control tributario o utilizarse en esquemas de blanqueo de capitales o para otros fines ilícitos".

La bitcoin es una moneda virtual convertible creada en 2009 que puede ser intercambiada o incluso convertida a otras divisas de curso legal. Entre sus ventajas se cuenta que puede usarse en todo el mundo por igual, ya que no pertenece ni es controlada por ningún estado, banco o institución, ni tampoco tiene intermediarios; es difícil de falsificar, no conlleva recargos por su uso y permite ocultar la identidad de quien la utiliza, sin que las cuentas en esta moneda puedan ser intervenidas o congeladas por las autoridades.

Entre sus riesgos se cuentan una gran volatilidad y la falta de regulación o supervisión, lo que permite que puedan ser utilizadas por delincuentes.