El Gobierno cree que la directiva europea de resolución bancaria no provocará fuga de depósitos

"Actualmente, en tanto en cuanto no haya reglas automáticas comunes, un inversor puede tener la duda de que un banco es más seguro si está ubicado en un determinado país porque se tiene más capacidad de protegerlo, pero con la normativa habrá homogeneización", han explicado fuentes del Ministerio de Economía.

Los ministros de Economía de los Veintisiete lograron este jueves un acuerdo sobre esta nueva directiva que, entre otras cosas, establecerá qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias.

La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los de más de 100.000 euros en manos de pymes y particulares, que sólo sufrirán pérdidas como último recurso.

El Gobierno ha calificado la normativa de "tremendamente positiva" porque "el hecho de que haya una norma muy clara va a tender a romper la fragmentación de los mercados". "Los mercados van a querer invertir en el banco mejor gestionado y con recursos más fuertes, pero no mirarán en qué país está ubicado el banco", han apuntado las citadas fuentes.

Además, entiende que con esta propuesta el riesgo para el contribuyente se reduce y apunta que el mecanismo de protección de los depósitos que se establece es "bastante fuerte", ya que, según ha precisado, "el Mecanismo Económico de Estabilidad (MEDE) entrará a proteger a cualquier tipo de depositante".

Tras la aprobación por parte del Ecofin de esta directiva, se abre un periodo de negociación con el Parlamento Europeo, de modo que el texto definitivo podría estar listo para 2014 con el fin de entre en vigor en 2018.

Antes de su puesta en marcha, la Comisión Europea aprobará este agosto una comunicación en la que se marcarán las "reglas del juego" en caso de resolución bancaria y cuyo contenido será similar el Memorandum de Entendimiento (MoU) español.

Aún queda por definir qué institución determinará si una entidad es solvente o no. "Estamos pendientes de la propuesta de la Unión Europea y a partir de ahí los gobierno empezarán a discutir. El Banco Central Europeo (BCE) podría ser esa institución. No hay nada descartado, pero algunas voces apuntan que esta nueva función no sería compatible con las que tiene actualmente", han señalado las fuentes.

NORMATIVA

La directiva fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco. Así se garantiza que sean los acreedores y los accionistas, y no los contribuyentes, los primeros en asumir pérdidas.

Una vez aplicada la quita obligatoria, la norma deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para salvar a determinados acreedores de las quitas, hasta el 5% de los pasivos. Este rescate se financiará con los fondos de resolución nacionales, alimentados por los propios bancos.

En circunstancias excepcionales, la directiva autoriza a continuación el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, pero no de forma directa sino mediante un préstamo al Estado que computa como deuda pública, como en el caso de España.

La recapitalización directa sólo podrá intervenir en una segunda fase, una vez que se hayan agotado todas las quitas posibles, si el banco sigue necesitando ayuda. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Economía han apuntado que no se descarta del todo la recapitalización directa con carácter retroactivo.