Gobierno cántabro se ve "obligado" a recortar 100 millones más del presupuesto para cumplir el déficit y pagar nóminas

El Gobierno de Cantabria recortará cien millones más de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2011 para cumplir así con el objetivo de déficit marcado por el Estado, pagar las nóminas de los empleados públicos y atender los compromisos adquiridos con terceros.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa, el presidente, Ignacio Diego, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno convocada este martes, festividad de los Santos Mártires en Santander, para abordar la situación económica de la región.

Según ha explicado Diego, el Ejecutivo se ha visto "obligado" a recortar otros 100 millones --que se suman a los 25 anunciados hace unos días-- para "poner en orden" las cuentas aprobadas por el anterior equipo, PRC-PSOE, generar recursos y fomentar la creación de puestos de trabajo.

El presidente 'popular' ha indicado que los nuevos recortes, que concretarán las distintas consejerías a lo largo de esta semana y la próxima, afectarán a "muchas" transferencias corrientes y de capital de los capítulos IV y VII de los Presupuestos, quedando excluidos los gastos que afectan al Servicio Cántabro de Salud (SCS), el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el Servicio Cántabro de Empelo (SCE), así como las partidas de funcionamiento básico de Educación, que "nunca" se van a ver afectados por estas medidas.

Además, se van a "aplazar" hasta dentro de cuatro meses diferentes inversiones por importe cercano a los 71 millones de euros, --principalmente del capítulo VI--, que aún no han sido comprometidas ni están adjudicadas y que "es imposible" que se lleven a cabo este año.

"Estamos avocados irremediablemente a tomar esta decisión", ha asegurado Diego, que ha manifestado que el recorte de gastos y aplazamiento de inversiones supone "la forma menos traumática" de cumplir el objetivo de déficit fijado por el Ministerio de Economía, que es el 1,3% del PIB, o de poder pagar las nóminas de los empleados públicos.

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