El Gobierno dice que ampliar la pensión de viudedad como legisló Zapatero sólo beneficiaría a las más altas

Así consta en la respuesta que el Ministerio de Empleo ha enviado al diputado de CiU Carles Campuzano, que solicitó por escrito información sobre el coste para la Seguridad Social que tendría aplicar una de las disposiciones de la ley 27/2011, la reforma socialista de las pensiones que supuso el retraso de la edad de jubilación, entre otras medidas.

En la disposición concreta a la que se refiere el nacionalista catalán (la adicional trigésima), se mandataba al Gobierno a incrementar progresiva y homogéneamente durante ocho años y empezando a contar desde enero de 2012 el porcentaje de la base reguladora sobre el que se calcula la cuantía de la pensión de viudedad, de modo que pasara del 52% al 60%.

Un incremento que quedaba limitado a los jubilados mayores de 65 años que no cobraran otra pensión ni ingresos por un trabajo, y cuyas otras rentas no superaran el límite fijado anualmente para ser beneficiario de una pensión mínima de viudedad.

Al aumento del porcentaje debía acompañar, según figura en la ley, un mecanismo corrector que aportara mayor progresividad en la tributación en el IRPF hasta un importe equivalente a la pensión mínima de viudedad, en los casos en que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones.

TRES AÑOS APLAZADO

Sin embargo este mandato, que traslada a la normativa una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha sido aplazado durante los tres últimos años, sin que aún tenga fecha para entrar en vigor. Por este motivo, Campuzano preguntó al Gobierno por el coste estimado de la medida si empezara a aplicarse desde el próximo 1 de enero, cuántos beneficiarios podría tener y cuál sería el incremento medio anual y el incremento total al final del periodo.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo señala que el "hipotético" cambio de un punto en el porcentaje de la base reguladora durante el primer año de aplicación de la medida se correspondería con un incremento medio de la pensión del 1,92%, aunque no precisa cuánto podrían aumentar las pensiones de viudedad al cabo de los ocho años dado que eso "dependería de la política de revalorización" que se aplicara en ese plazo.

"No obstante, los perceptores de pensiones mínimas percibirían el mismo importe de pensión, puesto que el aumento previsto se detraería del importe del complemento a mínimo. Por ello, la medida realmente afectaría a los perceptores de cuantías superiores a la mínima, con 65 años y rentas distintas a la pensión de viudedad limitadas", precisa el Ejecutivo.

Un colectivo que suma aproximadamente unos 450.000 jubilados del más de millón y medio que existían en España en abril de 2015. Y es que hasta el 49% de los pensionistas únicos de viudedad perciben cuantías mínimas y, por tanto, no se verían afectados por el cambio.

En cualquier caso, el coste para las arcas de la Seguridad Social de incrementar el porcentaje de la base reguladora sería "superior a los 10 millones de euros", una cantidad que "se iría incrementando año a año al formar parte de la pensión consolidada sobre la que se aplican las revalorizaciones", aclara el Ejecutivo, recordando que han sido precisamente las "políticas de contención del gasto" las que han obligado a aplazar la entrada en vigor de esta revisión, ya que elevar la protección social "supondría un incremento del gasto para el sistema".