El Gobierno remitirá la próxima semana al CES el plan de lucha contra el empleo irregular

Llorente, que ha inagurado en Logroño el XIII Plenario de la Comisión de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha destacado que este plan contempla diferentes medidas para mejorar la eficacia de la Inspección.

En concreto, la norma contempla la modificación del Código Penal para tipificar como delito la explotación masiva de trabajadores sin haberlos dado de alta en Seguridad Social, la reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para endurecer determinadas sanciones frente a conductas especialmente graves, así como cambios en la Ley Ordenadora de la propia Inspección.

El anteproyecto de ley ha recibido ya las observaciones y comentarios de los agentes sociales y de las comunidades autónomas, según Llorente, que ha indicado además que este plan supone una mejora de la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas mediante el intercambio continuo de información y el desarrollo de actuaciones conjuntas.

El plan contra el empleo irregular establece que los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales. Asimismo, la norma amplía el periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.

También se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social aumentan en este plan hasta los 187.515 euros.

Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.

Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.

Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son los de aflorar la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.