Gobierno y agentes sociales contra los recortes e incentivos de Telefónica

"No estoy de acuerdo. Más claro no puedo ser", afirmó tras el Consejo de Ministros de hoy el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación al posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El plan anunciado ayer durante la VIII Conferencia de Inversores por el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, afectaría en tres años a unos 5.600 trabajadores de una plantilla de 32.000 personas, según estimaciones de UGT.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, eludió hoy en China comentar este plan de ajuste porque no está al corriente de sus detalles y declaró en rueda de prensa: "cuando lo conozca, podré dar una opinión; de momento, no la voy a dar".

Por su parte, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, también se pronunció ayer al respecto y aseguró que el anuncio de recorte de plantilla "en un tamaño tan importante" no se produce en el mejor momento, en referencia a la situación económica española.

Al anuncio de reestructuración de ayer se le sumó hoy la propuesta de reparto de incentivos entre directivos por valor de 450 millones de euros en cinco años, que llevará la multinacional a su Junta general de accionistas del 18 de mayo, informó Telefónica de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Partidos políticos, agentes sociales y sindicatos han coincidido en mostrar a lo largo de la jornada su estupor ante la poca dilación entre las dos comunicaciones de Telefónica.

Desde el sindicato UGT, su secretario general, Cándido Méndez, instó a Telefónica a que corrija la "imagen sangrante y sonrojante" que da la compañía al anunciar "bonos" a ejecutivos de 450 millones de euros e incentivos adicionales de permanencia por valor de 50 millones, un día después de proponer recortes en su plantilla.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que sólo con un socialismo "nostálgico, desconcertado e injusto" puede suceder que una compañía como Telefónica reduzca la plantilla y aumente los "bonus" a sus directivos, sin que al Gobierno "se le mueva un pelo".

Por otro lado, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó que "debería estar tipificado como delito" el que empresas con beneficios como los de Telefónica, cifrados en más de 10.000 millones de euros, "sigan despidiendo a trabajadores".

Lo mismo sostuvo esta mañana el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien también indicó que una propuesta de ERE así debería ser "bloqueada" por el Ejecutivo.

Precisamente, que el Gobierno no acepte "en ningún caso" un ERE de Telefónica es uno de los cinco puntos de la proposición no de ley que presentó esta mañana el grupo parlamentario formado por Esquerra Republicana, IU e Iniciativa per Catalunya Verts.

En esta proposición, que se debatirá en el pleno del Congreso de los Diputados, también instan al Ejecutivo a que apoye a los trabajadores en el proceso de negociación de despidos.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) aseguró que el hecho de que ambas comunicaciones se hayan producido tan cercanas en el tiempo y sin una explicación completa "genera desconcierto entre los inversores" y puede incluso contribuir a un aumento del "riesgo de la reputación" de la compañía.

El sindicato UGT, el de mayor representación en el comité de Telefónica tras las últimas elecciones del 31 de marzo, exigió ayer que la multinacional consensúe y justifique unas medidas de ajuste que "conjuguen los intereses de la empresa con los del conjunto de los trabajadores y trabajadoras".

Desde la CGT, recordaron que Telefónica obtuvo en 2010 el "récord histórico de beneficios" de una empresa del IBEX 35 para criticar la reestructuración de la plantilla en España.

El proceso de reducción de empleo de Telefónica en España se inició en 1993, pero contando sólo los Expedientes de Regulación de Empleo de lo que ya va de siglo la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, de forma voluntaria y con bajas incentivadas, que se unen a los 10.000 del último ERE del siglo XX de la operadora, que fue en 1999.