El Gobierno reordena el transporte terrestre para dotarlo de mayor competitividad, eficiencia y transparencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), para dotar de más competitividad, eficiencia, flexibilidad y transparencia a un sector "clave para la economía del país".

En concreto, la nueva norma, que afecta tanto al transporte de mercancías por carreteras como al de pasajeros, permitirá "mejorar la competitividad, dará una mayor eficiencia, una mejora del servicio público y una mayor transparencia en el sector", destacó la ministra de Fomento, Ana Pastor, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La nueva Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que ya había sido abordada por el anterior Gobierno pero que no se pudo llegar a tramitar por las elecciones anticipadas, viene así a adaptar a la legislación comunitaria una legislación que estaba vigente desde 1987 y se había quedado "obsoleta", añadió Pastor.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que esta ley engarza con las reformas estructurales del Gobierno que buscan competitividad en los sectores claves de la economía, ya que aporta "menos burocracia, menos licencias, y una mayor transparencia en el sector".

REDUCE DE OCHO A UNA LAS LICENCIAS.

Entre las medidas que incluye la nueva norma se incorpora una reducción desde el máximo de ocho a una en el número de licencias exigidas para poder operar en el transporte terrestre. Según señaló Pastor, la ley aportará "flexibilidad, ya que en la vigente había que hacer una autorización para cada actividad".

Igualmente, se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que se podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o Comunidades Autónomas) a través de Internet, sin necesidad de acudir físicamente a los centros, lo que permitirá reducir los costes y los tiempos de tramitación de las solicitudes.

Además, las concesiones a líneas de transporte regular pasarán a un máximo de 10 años, cuando antes había algunas que llegaban a los 90 años, lo que permitirá "ir renovando el sector y que haya más competencia".

Pastor destacó también que se refuerza el principio de libertad mercantil, ya que se elimina de la ley el que el Gobierno tenga que fijar la tarifa mínima de los transportes, "algo que no tiene ningún sentido", y solo se conserva establecer las tarifas máximas.

Igualmente, la nueva normativa incide en la opción de los servicios combinados, lo que, puso como ejemplo la ministra, permitiría realizar transporte escolar y de trabajadores de manera combinada.

La ley también trata de desjudicializar los conflictos en el sector, aumentando de 6.000 a 12.000 euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos.

Además, refuerza el marco legal para impedir el intrusismo en el sector. Se regula una infracción para poder sancionar, bajo la normativa de transporte, cuando se incumpla dicho requerimiento. "La ley prohíbe de forma expresa que no tengas autorización para ser transportista y lo hagas", subrayó.

Asimismo, se incrementa la transparencia para los usuarios de las líneas regulares de viajeros por autobús, gestionadas mediante concesiones, ya que podrán conocer en todo momento las condiciones (paradas, horarios, etcétera) y tarifas del servicio que van a utilizar.