Guindos confía en "reconducir" el debate sobre la reforma de la estiba

"Espero que el tema se reconduzca, que los grupos que votaron en contra o se abstuvieron se acaben de alguna forma convenciendo de la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria", ha afirmado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

El ministro de Economía ha señalado que una multa de 134.000 al día es "bastante importante", pero ha remarcado que "lo importante" es que esta sanción "refleja en última instancia el reflejo y la falta de cumplimiento por parte de España".

"En estas cuestiones, la Unión Europea es un club y tenemos que respetar todos los planteamientos que hace", ha apuntado, para después añadir que "se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo", pero ha recordado que se trata de una sentencia que indica que España tiene un régimen laboral que incumple la legislación comunitaria.

"Un parlamento no puede ir en contra de una sentencia de Luxemburgo", ha enfatizado, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de diciembre de 2014, que condenó a España no cumplir su obligación de reformar el régimen de trabajo de la estiba portuaria.

La Comisión Europea presentó un recurso ante el TUE contra España por no haber cumplido esta sentencia, que además propone dos multas. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014. El montante acumulado hasta hoy por esta multa es de 22,8 millones.

La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia. En cualquier caso, se trata únicamente de propuestas de Bruselas, que el futuro fallo del TUE puede modificar o confirmar. Además, la justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso.

Según los datos del propio tribunal, la duración media de todos los procedimientos es de 14,7 meses y de 12,9 meses en el caso de los recursos. El Ejecutivo comunitario presentó su recurso en julio de 2016.

El Pleno del Congreso tumbó el jueves pasado el decreto ley del Gobierno con 175 votos en contra de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que sumaron el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos).