IU-ICV presenta en el Congreso su reforma fiscal, que incluye derogar la subida de IVA y mantener la de IRPF

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición de ley en la que se recogen las líneas principales de su propuesta de reforma fiscal que, entre otras cosas, pasa por derogar la subida del IVA, mantener de forma indefinida el gravamen complementario del IRPF, crear tres nuevos impuestos sobre Bienes Suntuarios, Transacciones Financieras y Riqueza, y aplicar un tipo al Impuesto sobre Depósitos Bancarios.

La proposición, firmada por el portavoz económico del grupo, Alberto Garzón, parte de la premisa de que el problema presupuestario de España "no es de gasto público, sino de ingresos", al tener una presión fiscal diez puntos inferior a la de la UE-15 y haber perdido de hecho peso en relación con el PIB desde que comenzó la crisis económica.

Además, se critica que los distintos gobiernos han ido desfiscalizando los rendimientos del capital y reduciendo la progresividad en los impuestos, y no han tenido siquiera una "voluntad política clara" en la lucha contra el fraude fiscal. Aunque reconoce que el actual Ejecutivo "ha desarrollado medidas tributarias --algunas de ellas positivas--- con la intención de corregir el déficit público, la de mayor potencial recaudatorio (la subida del IVA) es regresiva y afectará negativamente a la recuperación económica".

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Por eso, la Izquierda Plural propone cambios significativos en las principales figuras tributarias del sistema español. En relación con el IRPF, propone en primer lugar que el gravamen complementario aprobado en 2011 y que, en principio, el Gobierno 'popular' derogará en 2015, se mantenga de forma indefinida.

Además, sugiere reformar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva, al considerar "desproporcionadas" las magnitudes que pueden acogerse al sistema actualmente que, a entender de la coalición, deberían "reducirse hasta el nivel de una actividad de subsistencia pues superiores cifras denotarían una actividad con un cierto nivel económico que no debe tener dificultad en tributar en estimación directa simplificada del IRPF y en el régimen general del IVA".

Por eso, propone reducir de 450.000 a 150.000 euros para el conjunto de actividades económicas, y de 300.000 a 100.000 euros anuales para las actividades agrícolas y ganaderas. Asimismo, se deja en 100.000 euros el volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, realizadas en el ejercicio anterior para optar a este método, un tercio de la cantidad vigente actualmente.

Adicionalmente, se integran en la tarifa general del tributo los rendimientos de capital "para mejorar la progresividad", incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años. "Como renta del ahorro sólo se consideran las plusvalías generadas en el medio y largo plazo, porque no es justo ni equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse ahorro", justifican.

Caso particular es el de las transmisiones de inmuebles, que serán clasificadas como rentas del ahorro si se realizan tras seis años con la salvedad de la vivienda habitual "si existe una causa objetiva que obligue al cambio de domicilio". Además, IU-ICV propone eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta, y también de realizar dicha compensación en ejercicios posteriores.

Por último, con relación al IRPF, limitan de 10.000 a 3.000 euros la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones (de 12.500 a 3.700 euros para mayores de 45 años) con efectos desde el 1 de enero de 2013, eliminan la posibilidad de compensar las pérdidas de juego hasta el límite de las ganancias, y derogan el régimen fiscal de trabajadores desplazados a territorio español.

IVA Y SOCIEDADES

Con respecto al IVA, la Izquierda Plural cree conveniente suprimir la subida que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, mientras que en materia de Impuesto de Sociedades se limita la compensación de bases imponibles negativas a los periodos impositivos no prescritos, y no a 18 ejercicios inmediatos y sucesivos como se puede actualmente.

También reclaman que el tipo efectivo general no pueda ser inferior en ningún caso al 25%, aunque el tipo general será del 30% salvo para las bases imponibles superiores al millón de euros, que tributarán al 35%. "Las empresas de cierta dimensión pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público", defiende la proposición.

Con respecto a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), se trata de "evitar los notorios abusos" limitando al 5% del capital la participación máxima con el objetivo de "evitar el control de la sociedad" y que "el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolse su participación y tribute por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición".

Finalmente, piden un Impuesto sobre Bienes Suntuorios para productos y servicios de lujo, un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al de Patrimonio y que sea gestionado por el Estado y recaudado parcialmente por las comunidades autónomas, respetando en todo caso los mínimos exentos actuales aunque incrementando los tipos efectivos superiores; y un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base impositiva "amplia" y que sea sustituido por un gravamen europeo cuando se acuerde.

En la misma línea, proponen elevar del 0% actual al 0,2% el tipo del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, y autorizar a los gobiernos regionales a establecer recargos si los consideran oportunos.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En materia de lucha contra el fraude, se proponen cuatro bloques de medidas. Por una parte se pide que un grupo de expertos independientes redacten periódicamente un informe sobre la economía sumergida y el fraude fiscal, desagregado por sectores, tributos y territorios, de tal manera que pueda ser debatido tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos. Todos ellos podrán promover medidas correctoras, que serán analizadas en relación con los objetivo bianualmente.

En segundo lugar, se pide al Gobierno fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y sus homólogas autonómicas y locales, potenciando la participación de todas ellas en la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida por todos los niveles de la administración.

Por otra parte, se reclama un proyecto de ley para integrar los cuerpos de Auditoría y Contabilidad, de Gestión Catastral y Técnico de Hacienda en un único organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyas condiciones de trabajo, funciones, cometidos y responsabilidades sean revisadas. Dentro de él se debe potenciar asimismo la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que asumiría mayores responsabilidades.

Finalmente, se pide al Ejecutivo que impulse un acuerdo en la OCDE para que los estados miembros puedan obtener automáticamente información mercantil o tributaria de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en paraísos fiscales, así como para que supriman las prácticas abusivas de las grandes multinacionales. Asimismo, se exige al Gobierno que tome medidas para acordar la obtención de esa misma información por parte de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito y débito que operan en España y mantienen filiales en territorios "de baja o nula tributación".