IU-ICV presenta en el Congreso medio centenar de propuestas para garantizar el derecho a un trabajo digno

El portavoz adjunto de la coalición en la Cámara, Joan Coscubiela, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la iniciativa busca "promover el trabajo digno" para hacer frente a "la política de precarización laboral" que han impuesto las reformas laborales tanto del PSOE como del PP y CiU.

"Es una proposición que plantea una alternativa, que busca mostrar que sí hay alternativa a la política precarizadora del PP y que pretende forzar un debate parlamentario en el que se discutan políticas concretas y no un papel de aluminio que envuelve la nada", ha añadido el diputado catalán.

BALANCE NEGATIVO DE LA REFORMA LABORAL

En el texto, que recoge Europa Press, se hace un balance que "no puede ser más negativo" de la reforma laboral de 2012, después de 30 meses de aplicación. A juicio de la coalición, lo único que se ha conseguido ha sido "avanzar y consolidar los verdaderos y ocultos objetivos" del Gobierno, que pasaban fundamentalmente por "forzar una depreciación salarial intensa".

Además, se han producido "efectos colaterales" como un aumento de la temporalidad, un "importante" incremento de la contratación parcial, y un "reparto insolidario del empleo", con la "reducción al 47% de los contratos indefinidos a tiempo completo, un aumento del número de horas extras trabajadas y no declaradas, e incluso de las realizadas y no cobradas".

Con todo ello, se está perjudicando tanto a las cuentas de la Seguridad Social como a las propias relaciones entre trabajadores y empresas, "profundamente desequilibradas" y que han llevado a un "aumento de la precariedad y la conflictividad". Y, además, un aumento de la pobreza y la desigualdad.

PROGRAMA DE LA OIT

Ante esta realidad, IU-ICV-CHA pide al Gobierno que en un plazo máximo de seis meses presente un proyecto de ley que traslade a la legislación nacional el programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este sentido, se exige derogar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, exigir que los contratos formativos garanticen el aprendizaje y "en ningún caso precaricen las condiciones de trabajo", y vincular las prácticas profesionales sin contrato al derecho a percibir una beca.

También se plantea delimitar y cuantificar las horas de trabajo de un contrato a tiempo parcial, que no deberían superar el 80% de la jornada a tiempo completo, especificando por escrito las horas ordinarias y cuándo deben trabajarse. En caso de cualquier incumplimiento, el contrato se convertiría en tiempo completo.

La ampliación de estas horas quedaría reservada a los contratos indefinidos y no podrían exceder el 15% de las inicialmente contratadas. Además, deberían pactarse por escrito y comunicarse con siete días de antelación como mínimo, quedando derogadas por tanto las horas complementarias voluntarias y las extraordinarias.

En cuanto a los contratos por obra o servicio, no podrían ser utilizados "en ningún caso" para la ejecución de una contrata o subcontrata, y sería necesario regular la contratación temporal sucesiva y la de distintos trabajadores para la misma actividad en aras a evitar abusos. Si son las administraciones públicas las que utilizan este tipo de contratación, las condiciones y consecuencias legales deberían ser las mismas que para las empresas.

SALARIOS Y DESPIDOS

En materia salarial, IU-ICV-CHA exige revalorizar anualmente el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que sea equivalente al 60% del salario mínimo, como estipula la Carta Social Europea, así como garantizar una "protección adecuada" del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los salarios adecuados por las empresas aumentando su nivel de cobertura.

La Izquierda Plural también exige "recuperar plenamente la causalidad" en los despidos, incluyendo entre los supuestos de nulidad la vulneración de derechos y libertades públicas, el despido en caso de incapacidad laboral o permanente total, cuando haya fraude de ley o por falta de actividad probatoria por parte de la empresa.

En estos casos el juez podrá decidir la reintegración inmediata del trabajado como medida cautelar y, si hay sentencia firme, el trabajador debería ser readmitido y resarcido de todos los perjuicios, incluido el abono de los salarios de tramitación.

En cuanto al despido improcedente, tendría que ir acompañado del derecho a elegir entre la readmisión o la indemnización compensatoria con 45 días por año trabajado hasta 42 mensualidades y el abono de los salarios de tramitación, salvo que haya habido una "dilación indebida" de la sentencia, en cuyo caso sería el Estado quien tendría que abonar esa carga.

Con carácter general, se reclama recuperar la autorización administrativa previa en despidos colectivos objetivos y la proporcionalidad entre las causas y las medidas, así como la regulación legal de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas de modo que sólo puedan aplicarse cuando sea necesario para garantizar la viabilidad de la empresa y siempre tras otras medidas de flexibilidad interna. Si la empresa forma parte de un grupo serán las cuentas del grupo las que sirvan para acreditar la existencia de causas objetivas.

Además, la Izquierda Plural defiende que no se pueda alegar que un despido individual es objetivo si hay una "ineptitud sobrevenida por motivos de pérdida de la salud" con origen en la actividad laboral y que comporte una incapacidad permanente total, y tampoco cuando exista absentismo por causa justificada y ante el que la empresa no haya realizado una evaluación de riesgos laborales y un estudio sobre el impacto de las condiciones de trabajo en ese absentismo y haya tomado medidas.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Otro ámbito en el que IU-ICV-CHA cree necesarios cambios es el de la negociación colectiva, de modo que se pueda garantizar la libertad y autonomía colectiva sindical para desarrollarla y también que la norma general sea que los convenios colectivos tengan fuerza vinculante y eficacia genera. Asimismo, reclama que no pueda haber un vacío de cobertura por falta de partes para negociar un convenio ni tampoco por el "mero transcurso del tiempo" sin renovación.

También sería necesario, a juicio de la coalición, garantizar que la clasificación profesional y la movilidad funcional en las empresas sólo pueda establecerse en los convenios colectivos, así como apostar por un modelo de flexibilidad pactada en temas como la reducción de jornada, la suspensión de contratos u otras medidas de flexibilidad interna.

Finalmente, se recogen otras medidas para garantizar la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las cadenas de contratación y subcontratación, imponer la contratación "real, efectiva y automática" en caso de sucesión empresarial o contrata, prohibir la cesión legal de trabajadores salvo en el caso de las ETT y prohibir a estas últimas ejercer de agencias de colocación o intermediación, que deberían en todo caso tener carácter no lucrativo.

Asimismo, se reclama garantizar los derechos a la igualdad salarial, al acceso al empleo en condiciones de igualdad (incluyendo la no discriminación por motivos de lengua dentro del Estado o por vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa, entre otras), a la no discriminación en ningún momento de la relación de trabajo o del acceso a la protección social, y a la protección de la salud.

También se reclama una regulación de los derechos de conciliación para "garantizar los derechos a la adaptación de la jornada de trabajo sin reducción ni de jornada ni de salario".