IU-ICV pide recoger en la reforma laboral la prórroga de convenios caducados pactada por los agentes sociales

Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, la reforma laboral que el Gobierno 'popular' aprobó en marzo del año pasado ha supuesto "cambios importantes en la regulación de la negociación colectiva, que afectan a los derechos de los trabajadores y al funcionamiento de las empresas".

"La voluntad de hacer de la depreciación interna, vía reducción de salarios, uno de los principales mecanismos de ajuste frente a la crisis económica llevó a aprobar cambios importantes en la legislación, que suponen un claro deterioro de la función de la negociación colectiva", añaden, citando expresamente la capacidad de 'descuelgue' de los convenios colectivos por parte de las empresas o el fin de la ultraactividad a partir del próximo 7 de julio.

Esto supondrá que, a partir del 8 de julio, los casi 2,8 millones de trabajadores que, según la Izquierda Plural, están sujetos a los 1.500 convenios 'caducados' y no renovados "dejarán de estar sometidos al convenio colectivo que les era de aplicación", quedando así en un "vacío regulador" que, en muchos casos, sólo será sustituido por el marco regulador del Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales, y por el Salario Mínimo Interprofesional.

INESTABILIDAD E INSEGURIDAD

"Las consecuencias de esta situación serían, sin duda, muy duras para los trabajadores afectados, pero además comportan un grado importante de inestabilidad e inseguridad para las propias empresas, además del impacto negativo que pudiera tener para el conjunto de la economía, si el número de empresas que se acogieran a esa posibilidad fuera importante", advierten desde IU-ICV.

De hecho, aseguran que ni siquiera a la patronal le interesa esta situación y, por eso, el pasado 23 de mayo CEOE y CEPYME firmaron con los sindicatos UGT y CC.OO. un acuerdo "expresando su preocupación por la situación que se puede crear" con el fin del periodo transitorio previsto en la reforma laboral y recomendando a las partes que aún estén negociando convenios que continúen más allá de ese plazo máximo, manteniendo mientras tanto la vigencia de sus convenios.

En estas circunstancias, los agentes sociales también recomiendan a las partes negociadoras que, en caso de mantenerse los desacuerdos, acudan a mecanismos de mediación y arbitraje, propuesta que IU-ICV-CHA recoge en su texto parlamentario, en el que propone a la Cámara Baja instar al Gobierno a que, antes del 7 de julio, modifique la reforma laboral para "garantizar que, una vez finalizada la vigencia de un convenio colectivo sin acuerdo entre las partes, se activen los procedimientos de mediación y arbitrajes necesarios".

Este cauce debería permitir sustituir el contenido del convenio finalizado por otro que sea "resultado del acuerdo al que se llegue en los procesos de mediación o del laudo arbitral que en su caso pueda dictarse". Para facilitar esta posibilidad, la coalición de izquierdas reclama también ampliar el periodo transitorio previsto "hasta que no se produzcan los cambios legales" reclamados con esta proposición.