Los expertos proponen un 'IVA colegiado' para las CCAA, cambiar la plusvalía y reestructurar deuda del FLA

Los comités de expertos que están elaborando sendas propuestas sobre la reforma de la financiación autonómica y la local han propuesto al Gobierno un 'IVA colegiado' para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto, convertir la plusvalía municipal en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca, reestructurar la deuda del FLA y otorgar más competencias a las CCAA para fijar nuevos instrumentos de copago.

Así figura en el informe entregado este miércoles por los expertos a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el que los 'sabios' sobre financiación regional proponen un 'IVA colegiado', si bien deberán ponerse de acuerdo para hacerlo, dado que la UE obliga a que el tributo esté armonizado en el conjunto de los países miembros.

En concreto, la propuesta del 'comité de sabios' sobre financiación autonómica contempla un IVA con dos tramos, uno para las comunidades y otro para el Estado, con la finalidad de que el tramo autonómico pueda ser elevado cuando las regiones necesiten aumentar su recaudación, frente al modelo actual en el que las comunidades cuentan con el 50% de la recaudación del impuesto pero sin capacidad normativa sobre el mismo.

Aunque el mecanismo deberá definirse posteriormente, los expertos proponen que, o bien por unanimidad o por una mayoría cualificada, las comunidades puedan solicitar al Gobierno una subida del tramo autonómico del IVA en el Consejo de Política Fiscal o Financiera (CPFF) o incluso en el Senado, órgano de representación territorial.

Después, el Gobierno deberá aprobar dicho aumento a través de un cambio legislativo, dado que al tratarse de un impuesto armonizado según la normativa comunitaria, debe ser idéntico en todo el conjunto nacional y, por tanto, los cambios los aprobará el Consejo de Ministros aunque posteriormente la recaudación recaiga en las comunidades. De esta forma, los expertos tratan también de que los gobiernos autonómicos sean corresponsables políticamente de las subidas de impuestos.

En este momento, las CCAA cuentan con la cesión del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales (alcohol, hidrocarburos y tabaco), pero no tienen capacidad normativa para modificar el IVA o los tributos especiales, no así en el caso del IRPF, cuyos tipos pueden elevar o bajar o introducir nuevas deducciones. De prosperar la medida de la comisión de expertos, también podrían modificar el IVA.

PATRIMONIO

El informe señala que el Impuesto sobre el Patrimonio ha sido "muy criticado" desde el punto de vista técnico, ya que, además de su "clara obsolescencia" como mecanismo censal, ha generado "numerosos problemas" como "distorsiones" que provoca sobre el ahorro y la inversión.

Por ello, creen que su normativa debería revisarse para paliar algunos problemas, para lo que ven necesaria la fijación de una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional.

Otra de las propuestas es la armonización en toda España del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido y gestionado por las CCAA, y que ha dado lugar a una enorme disparidad de tipos entre comunidades.

Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un soltero de 30 años que herede 800.000 euros (200.000 correspondientes a la vivienda del fallecido) tendría que pagar 164.049 euros en Andalucía, frente a los 134 euros que pagará en Canarias. En la Comunidad de Madrid este heredero abonaría 1.586 euros.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y FISCALIDAD AMBIENTAL

En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apuntan que presenta una estructura legal y unos métodos de gestión "arcaicos" que no han cambiado significativamente desde el siglo XIX, si bien no ven viable la desaparición sin más del impuesto dada su aportación recaudatoria a la financiación autonómica (unos 6.000 millones en 2014).

En su lugar, creen que su actualización debería centrarse en incorporar valoraciones más objetivas en las transmisiones de inmuebles, substituyendo o definiendo con precisión el "vago criterio" del valor real.

Respecto a la fiscalidad ambiental, los 'sabios' abogan por anticiparse al previsible conflicto entre tributos propios autonómicos y nuevos tributos estatales y reordenar este ámbito fiscal.

Plantean una ley marco de fiscalidad ambiental que atribuyera las distintas figuras impositivas o los hechos imponibles relevantes a los diferentes niveles de gobierno teniendo en cuenta el alcance espacial de los hechos gravables.

REESTRUCTURAR DEUDA DEL FLA

Asimismo, el comité ve conveniente eliminar los fondos de liquidez que el Estado inyecta a las CCAA, si bien existen dos posturas. La mayor parte cree que estos préstamos forman parte de la deuda financiera de las comunidades, si bien considera que no todas han realizado el mismo esfuerzo para ajustar sus cuentas, por lo que apuntan a acometer una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades con el Estado.

Este proceso estaría supervisado por el Banco de España y la AIReF, ampliando los plazos de forma razonable y añadiendo en su caso nuevos períodos e carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado.

Otros miembros creen que para que las CCAA regresen al mercado se necesita una reducción de la deuda, por lo que proponen quitas de esta deuda pero teniendo en cuenta qué parte de estos compromisos financieros proceden de una insuficiencia de financiación y cual de haber gastado de más.

TASAS Y COPAGOS

Igualmente, el comité ve conveniente dotar a las CAA de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la Sanidad, pero también en otros servicios de su competencia.

"Las CCAA deberían tener libertad para modificar al alza o a la baja sus tarifas de copago, dentro de ciertos límites fijados por el órgano que corresponda, pero siempre a sumiendo íntegramente las consecuencias presupuestarias de tales decisiones", subrayan.

PLUSVALÍA

En el caso de la financiación local, abogan por convertir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca, y no como ocurre ahora.

El Gobierno está obligado a modificar este tributo local después de que en mayo de este año el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional y lo anulara parcialmente en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo.

Hasta ahora, el impuesto se aplica automáticamente en todas las operaciones de compraventa con independencia de que haya existido o no ganancia patrimonial, por lo que en muchos casos, especialmente tras la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, muchos ciudadanos pagaron la plusvalía municipal pese a vender sus inmuebles a pérdidas.

El impuesto se aplicaría si el valor es mayor y no se pagaría en caso de producirse una minusvalía, y para evitar la doble imposición, la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos estatales. Se trata precisamente de una de las propuestas que hizo la FEMP al Ministerio de Hacienda.

Estos documentos del comité de expertos no serán vinculantes, ya que la última palabra sobre ambas reformas la tendrá el Gobierno, que pretende aprobarlas con el consenso de comunidades, ayuntamientos y partidos políticos.