El Instituto de la Seguridad Social sobrefinanció indebidamente con 2,45 millones a las CC.AA. en 2011

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) financió "indebidamente" con al menos 2,45 millones de euros a varias comunidades en 2011, según el 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social' del Tribunal de Cuentas, que defiende la recuperación de esas cantidades junto con los correspondientes intereses de demora.

En concreto, se pagaron de más 822.413 euros a Murcia, 541.851 euros de más a Andalucía, 494.485 euros a Castilla y León, 267.610 euros a Galicia, 206.262 euros a La Rioja, 73.451 euros a Castilla-La Mancha, 21.000 euros al País Vasco, 17.918 euros a Aragón, 4.000 euros a Navarra, 3.947 euros a Baleares, 1.542 euros a Extremadura y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana.

El documento, que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración y todas las comunidades del régimen común, junto con Ceuta y Melilla, firmaron acuerdos de colaboración para el control de la incapacidad temporal para los años 2009 a 2012, en los que el INSS se comprometía a dotarles con 1.232,18 millones. No obstante, el informe sólo se refiere a los resultados de 2011.

El reparto estaba determinado por la población protegida por asistencia sanitaria y por el incremento del IPC. A cambio, las comunidades tenían que cumplir un Programa de Modernización y mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal (70% del presupuesto) y un plan de racionalización del gasto (30%).

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN.

El 20% del dinero dependía de que se creara en cada región una base de datos sobre los procesos de incapacidad temporal. Sin embargo, Andalucía no cumplió con el requisito de grabar el 85% de los partes médicos en un plazo de cinco días, argumentando "problemas informáticos puntuales", algo que según el Tribunal de Cuentas es una justificación insuficiente ya que el propio INSS había sancionado anteriormente a Extremadura, Ceuta y Melilla por el mismo motivo. Por eso, cree que habría que reclamar a la Junta 29.333,64 euros y los intereses de demora.

Por otra parte, Aragón, Extremadura y Galicia consiguieron el 100% de la financiación por códigos de diagnóstico de los partes de incapacidad temporal pese a no haber cumplido totalmente con los criterios, por lo que recibieron 1.886,19 euros, 1.542,64 euros y 3.945,12 euros de más, respectivamente.

En relación con la gestión de las altas y disconformidades, se fijó un plazo máximo de 25 días, "contrario a la normativa vigente" que obliga a las administraciones a responder en dos semanas. No obstante, sólo Murcia (27,51 días) y La Rioja (32,91 días) superaron esos quince días, si bien algunas provincias como Valladolid (28,26 días) también rebasaron el límite, lo que a juicio del Tribunal debería haberse tenido en cuenta para repartir los fondos.

Si ése fuera el caso, Castilla y León habría sido sobrefinanciada con 298.933,57 euros, mientras que La Rioja y Murcia "no debieron percibir cuantía alguna" por lo que tendrían que reintegrar 183.344,18 euros y 822.413,86 euros, respectivamente.

FORMACIÓN Y REDUCCIÓN DEL GASTO.

En cuanto a la formación de los profesionales sanitarios, el organismo cree que "la asignación del INSS fue discrecional y no relacionada con la población protegida" y que "la asignación de plazas a las comunidades no fue proporcional al número de facultativos", lo que conllevó un "coste distinto" en cada región a pesar de que todos los médicos realizaron el mismo curso online.

También se tuvieron en cuenta otras acciones formativas. En este sentido, se ha detectado un "exceso de financiación" en Galicia, Madrid y Murcia, con unos ingresos por MIR formados "muy superiores a la media nacional", aunque no se cuantifica esta sobrefinanciación.

Finalmente, se han detectado irregularidades en relación con la mejora del acceso a los historiales clínicos, ya que el INNS "no penalizó" con 33.807,96 euros a Castilla y León por no contar con acceso informático en la provincia de León. Tampoco se castigó por los incumplimientos sobre pruebas médicas complementarias, lo que habría conllevado la devolución de 510.405,39 euros por parte de Andalucía, 62.099,89 euros por Castilla y León, 72.954,33 euros por Castilla-La Mancha y 262.350,79 euros por Galicia.

El Tribunal también considera "financiación ilegal" la concedida a Aragón (16.032,59 euros), Castilla y León (99.644,52 euros) y La Rioja (22.918,02 euros) en cuantía excesiva por no tener coordinador de incapacidad temporal en alguna de sus provincias o por no haber suministrado la información correspondiente. Por su parte, Baleares recibió un pago excesivo de 3.947,64 euros por estos conceptos.

Con respecto a los objetivos de reducción del gasto de incapacidad temporal por contingencias comunes, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda no detecta irregularidades, si bien cree que el INSS "redondeó en exceso sin ninguna justificación" algunas transferencias, como las de Andalucía (2.112,02 euros), Castilla-La Mancha (496,69 euros), Galicia (1.341,34 euros) y Valencia (1.217,71 euros) por incumplir el indicador de incidencias.

Además, considera que los pagos relativos a la prevalencia y a los días de incapacidad temporal en relación con los afiliados "no están debidamente justificados" por lo que el Instituto "debe aportar los datos ciertos y proceder a calcular la correcta financiación que correspondería a cada comunidad autónoma, exigiendo en su caso los reintegros correspondientes". En cuanto al resto de objetivos, no se observa ninguna irregularidad.

El Tribunal también critica que el INSS pagara más de un millón de euros a la Fundación Marqués de Valdecilla y no al Gobierno de Cantabria, con el que tenía firmado el convenio, por lo que cree que el INSS debe reclamar a la Fundación el reintegro de esas cuantías y proceder, posteriormente, a transferirlas a la comunidad.

PAÍS VASCO Y NAVARRA.

El País Vasco y Navarra, por su parte, optaron por convenios anuales con el Ministerio, para los que se previeron 13.008 millones de euros entre 2010 y 2011. Sin embargo, el INSS no elaboró criterios de valoración del cumplimiento y ni siquiera utilizó los existentes para el resto de comunidades en el caso de objetivos comunes, lo que evidencia una "falta de homogeneidad y un tratamiento desigual".

Esto conllevó, por ejemplo, una sobrefinanciación de unos 4.000 euros para Navarra y de 21.000 euros para Euskadi en relación con los cursos de formación, además de indicadores de coste por afiliado y mes y de incidencia de la incapacidad temporal superiores a la media nacional, lo que el Tribunal interpreta como que "la formalización de los convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales".

CRÉDITOS SOBRANTES.

Finalmente, el Tribunal cree que el reparto, en 2011, de los 34,07 millones de euros de créditos sobrantes tras la ejecución de los convenios de colaboración fue "un gasto en exceso que no guardó relación con la mejora de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal, por lo que la distribución de estos fondos públicos sin vinculación a objetivos específicos constituye una mera transferencia de fondos públicos no amparada por la normativa vigente ni por los convenios de colaboración".

Por esta vía Andalucía recibió 8,15 millones, Cataluña 5,28 millones, Valencia 5,07 millones, Galicia 2,74 millones, Canarias 2,09 millones, Castilla-La Mancha 2,07 millones, Madrid 1,88 millones, Murcia 1,43 millones, Extremadura 1,07 millones, Baleares 1,1 millones, Aragón 918.500 euros, Asturias 757.306 euros, Castilla y León 741.665 euros, Cantabria 410.587 euros, La Rioja 317.173 euros y Ceuta y Melilla 39.103 euros.