Irlanda acusa a Bruselas de excederse en sus competencias y no ser imparcial en el caso de Apple

La decisión de la Comisión Europea, anunciada el pasado 30 de agosto, reclama a la multinacional estadounidense que devuelva 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.

A este respecto, el Ministerio de Finanzas de Irlanda señala que el Gobierno irlandés "no acepta el análisis de la Comisión" y defiende que el país no ofreció un tratamiento fiscal favorable a Apple, añadiendo que "Irlanda no hace tratos con los contribuyentes".

"Irlanda no acepta el análisis de la Comisión, por eso hemos presentado una solicitud ante el Tribunal General de la UE para que anule la totalidad de la decisión", apunta el Ministerio irlandés.

Entre los argumentos esgrimidos por Irlanda, cuya apelación fue registrada el pasado 9 de noviembre ante el Tribunal General de Justicia de la UE, Dublín acusa a la Comisión de haber aplicado mal la legislación sobre ayudas estatales en un intento de "reescribir las leyes fiscales irlandesas para empresas".

De hecho, el Ministerio irlandés de Finanzas considera que Bruselas no siguió los procedimientos requeridos, "vulnerando el deber de buena administración al no actuar imparcialmente y de acuerdo con la diligencia debida".

"La Comisión ha excedido sus poderes e interferido con la soberanía fiscal nacional", añade el Gobierno irlandés, que acusa a Bruselas de infringir los principios de seguridad jurídica y confianza legítima invocando presuntas normas de derecho comunitario nunca identificadas previamente, señalando la invocación de documentos de la OCDE de 2010 que no podrían haber sido previstos en 1991 o 2007.

En este sentido, Dublín sostiene que la Comisión Europea no ha justificado de manera apropiada su decisión, vulnerando de forma manifiesta su obligación de proporcionar una enunciación clara e inequívoca de las razones para su decisión al "invocar simultáneamente escenarios fácticos manifiestamente divergentes" e incurriendo en contradicciones sobre el origen de la norma que afirma que Irlanda infringió.

En una carta publicada por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, tras conocerse la decisión de la Comisión Europea, el máximo ejecutivo de la multinacional advertía de que Bruselas había iniciado una campaña para "reescribir la historia de Apple en Europa, ignorar las leyes fiscales de Irlanda y de paso cambiar radicalmente el sistema internacional en materia tributaria".