La Izquierda Plural volverá a poner el foco del Congreso en el problema de los desahucios la próxima semana

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) volverá a poner el foco del Congreso de los Diputados en el problema de los desahucios la próxima semana, cuando planteará una interpelación --previsiblemente al ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque será el Gobierno el que determine quién la atiende finalmente-- sobre el fin de la moratoria de dos años a las ejecuciones hipotecarias y las medidas que aún hacen falta para dar respuesta a esta "emergencia habitacional".

Durante la sesión de control al Gobierno del miércoles, el portavoz adjunto del grupo, Joan Coscubiela, recordará al Ejecutivo que el "drama de los desahucios sigue tan vivo como al inicio de la crisis" y lamentará que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos dos años "no han hecho más que evidenciar su incapacidad para reducir el número de familias afectadas".

Como prueba, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran en 32.960 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2014 (+14% respecto al mismo periodo del año anterior) y señalan que las viviendas habituales en propiedad sometidas a esta situación se han incrementado un 8,4% en el último año. Además, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos se incrementaron un 3,5% de abril a junio, alcanzando los 18.749 casos, y los desahucios por impago de hipoteca subieron un 17,2% en tres meses.

MEDIDAS DE "REDUCIDO IMPACTO"

Para Coscubiela, estos datos son la prueba de que las medidas del Ejecutivo, adoptadas "a remolque de la presión" social, han tenido un "reducido impacto". Y es que el 44% de las solicitudes para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas --reestructuración de la deuda, quita o dación en pago-- han sido rechazadas por no cumplirse los requisitos exigidos, y sólo unas 20.000 familias (19,7% del total de peticiones) ha conseguido revisar las condiciones de su hipoteca.

Lo mismo sucede con el Fondo Social de Vivienda (FSV), que sólo ha suscrito "poco más de 1.400 contratos" y ha rechazado el 43,6% de las solicitudes de piso en alquiler social, mientras el 75% de sus 6.000 viviendas siguen vacías. "Esto contrasta con las más de 104.000 familias que han perdido su vivienda desde la creación del Fondo", añade Coscubiela en la presentación de su interpelación, que recoge Europa Press.

La tercera pata de las medidas puestas en funcionamiento por el Ejecutivo es la moratoria de dos años a los lanzamientos, a la que no se han podido acoger "la mayoría" de los solicitantes por no cumplir los requisitos y que expiró el pasado fin de semana, según la Izquierda Plural, ya que "el Gobierno apunta que la fecha de finalización es en mayo de 2015".

FIN DE LA MORATORIA

"Pero existen autos judiciales en manos de aquellas familias que se acogieron a la medida en los que se les advierte de su caducidad", precisa el diputado catalán, advirtiendo en cualquier caso de que la finalización de la medida podría conllevar un "incremento considerable" de los desahucios y que además se producirá un "evidente agravamiento" de la situación ya que durante estos dos años se ha seguido acumulando deuda.

Por todo ello, Coscubiela aprovechará la comparecencia para pedir al Ejecutivo medidas para "superar el fracaso de sus políticas" en materia de desahucios, adaptar el Código de Buenas Prácticas y el Fondo Social de Vivienda para que puedan acogerse a ellos más personas y aclarar cuándo acaba la moratoria, así como si está previsto prorrogarla, como dejó entrever este verano el ministro De Guindos en una entrevista con Europa Press.

MORATORIA INDEFINIDA

Al margen de la interpelación de IU-ICV-CHA, el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, también hará referencia a este problema el miércoles en la sesión de control al Gobierno, en la que preguntará al titular de Economía si "piensa hacer algo para evitar los desahucios de familias que no pueden pagar su hipoteca".

Ya la semana pasada el principal partido de la oposición registró una proposición de ley para modificar la normativa Antidesahucios de noviembre de 2012 con el objetivo de ampliar la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, y no sólo el desahucio en sí, y cancelar cualquier referencia a plazos temporales, de modo que la medida se pueda aplicar indefinidamente mientras persistan las actuales circunstancias económicas.

Además, planteaba que para poder acogerse a esta moratoria no sea necesario cumplir los "supuestos de especial vulnerabilidad" --esto eso, ser familia numerosa, familia monoparental con dos hijos, tener un hijo menor de tres años, sufrir algún tipo de discapacitado, ser víctima de violencia de género o estar parado sin prestaciones--, sino sólo ciertos requisitos económicos.

Requisitos que se mantendrían tal y como están recogidos en la actual normativa. Es decir, tener unos ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente de 532,51 euros al mes; que la hipoteca se lleve más del 50% de los ingresos familiares, que sea la única vivienda del deudor y que en los últimos cuatro años la carga de la hipoteca sobre la renta se haya incrementado una vez y media.

No obstante, los socialistas sí pretenden que se elimine la referencia a que la familia está constituida, a efectos de la aplicación de esta norma, por el deudor, su cónyuge o pareja de hecho y los hijos que vivan en el domicilio con independencia de la edad, de modo que los posibles ingresos de un hijo no se tengan en cuenta en la determinación del cumplimiento de los requisitos.