La Junta de Andalucía pide al Gobierno que no utilice electoralmente a los funcionarios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tachado de "incorrectas" las informaciones que apuntan que el Gobierno se plantea devolver a los funcionarios el 75 por ciento de la paga extra suprimida en 2012, y ha pedido no generar expectativas que pueden entorpecer el diálogo con los sindicatos.

Ante estas informaciones, la consejera andaluza considera que "estas especies de filtraciones o globos sonda ponen de manifiesto la utilización electoralista que se hace de los profesionales del sector público".

"Cuesta trabajo entender que una administración, sin haber tenido una certeza clara de que pueda realizar un esfuerzo y que afecta a tal volumen de personas, haya podido dejar escapar un comentario de ese tipo, y a día de hoy no sabemos si hay una voluntad por parte del Gobierno de hacerle frente o no", ha aseverado la consejera a Europa Press.

Montero considera que "hay que intentar huir de que la cercanía de los procesos electorales contamine la acción política general", tras lo que ha recordado que "lo hemos intentado todos los gobiernos que hemos celebrado elecciones en el último período, tanto ayuntamientos como comunidades".

Por ello, considera que "sería deseable que el Gobierno central hiciera unas propuestas para los próximos años que fueran reflexionadas, estuvieran bien sustentadas y huyera de electoralismos".

Por ello, ha rechazado "aquellas declaraciones que no se puedan cumplir", toda vez que "la mayoría de ciudadanos no van a tolerar ya que ningún dirigente público sea capaz de jugar con sus expectativas".

Montero ha pedido "seriedad" al ministro, toda vez que "no se puede improvisar una medida de este tipo" y cree que "si no estaba confirmado o no había voluntad de poder llevarla a cabo, no se entiende ahora que el Ministerio de Hacienda diga sí o Moncloa no; y que ahora en este momento no sepamos qué hay detrás".

"Todo lo que sea utilizado electoralmente siempre se condena", ha añadido Montero, quien augura que "el Gobierno deberá concretar su posición, pues habrá muchos colectivos que pidan que se cumpla con lo que se plantea", de forma que en ese caso el Gobierno "tendrá que determinar un calendario o secuenciación para que se lleve esta medida a cabo".