La Justicia da trámite a la denuncia sobre la supuesta compra ilegal de Papel Prensa

El proceso por el cual los diarios Clarín, La Nación y La Razón -accionista hasta 2000- se adueñaron de la mayoría accionarial de la única fabricante de papel para periódicos de Argentina será investigado por el juez federal en lo Criminal y Correccional Arnaldo Corazza, de la ciudad de La Plata.

El Centro de Información Judicial informó que el magistrado delegó la instrucción a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen de facto, unidad coordinada por el fiscal Marcelo Molina.

Corazza tiene a su cargo la investigación de delitos cometidos en los centros clandestinos de detención del llamado "Circuito Camps" por los que pasaron miembros de la familia Graiver, principal accionista de Papel Prensa hasta la venta a La Nación, Clarín y La Razón, en noviembre de 1976.

Según informó la agencia oficial Télam, Lidia Papaleo, viuda de Graiver -el dueño original de Papel Prensa-, declaró hoy ante la unidad fiscal que conduce Molina y que también integran los fiscales Hernán Schapiro y Carlos Dulau Dumm.

El martes pasado, el Gobierno argentino presentó públicamente el informe "Papel Prensa: la verdad", en el que señala las presuntas complicidades entre los diarios y la dictadura para la apropiación de la fabricante de papel, fundada en 1972.

Según asegura el Gobierno, cuando Lidia Papaleo vendió las acciones de la empresa a los gestores de Clarín, La Nación y La Razón, bajo la última dictadura militar, lo hizo "bajo amenazas" y "no era libre" en su proceder.

Tras la muerte de David Graiver en un accidente aéreo, el 7 de agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.

Apenas unos días después de ultimar los trámites de la venta de la compañía, Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada, violada y condenada a cinco años de prisión.

La versión del Gobierno ha sido negada por La Nación y Clarín.

El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.