La Ley de Calidad Alimentaria pasará hoy su primer examen parlamentario en el Congreso

Los nacionalistas catalanes reprochan en su enmienda, que recoge Europa Press, que el proyecto usa como "pretexto" la trasposición de una directiva comunitaria con el único objetivo de "incrementar la intervención del Estado en materias hasta ahora reservadas a las comunidades autónomas con el fin de ganar cuotas de recentralización", ocasionando con ello "graves alteraciones del orden competencial".

Y todo pese a que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha diferenciado en varias sentencias la facultad de fijar y coordinar la planificación económica, que recae en el Estado, de la potestad general de dictar bases en materias donde no tiene competencias específicas, lo que a juicio de CiU se pretende con esta norma, que "vacía totalmente de contenido" e incluso "entra en contradicción" con las leyes que hasta siete comunidades --incluida Cataluña-- ya tiene aprobadas en relación con la calidad alimentaria, la inspección y las sanciones.

Además, CiU critica que "con el ánimo de establecer una defensa efectiva de la calidad alimentaria" este proyecto de ley permita actuar en todo el Estado rigiéndose por las "normativas de calidad menos exigentes", ya que sólo se exigirá una declaración responsable que cumpla la normativa de cualquier comunidad de España.

EXTRALIMITACIÓN DEL GOBIERNO

Similares argumentos utilizan los nacionalistas vascos, que acusan al Ejecutivo de "extralimitarse" al apelar a la competencia exclusiva que le arroga la Constitución para coordinar la economía para "invadir" competencias "exclusivas" de las comunidades. Un argumento que "bastaría por sí solo para solicitar la devolución al Gobierno del proyecto de ley" ya que "no puede invocarse el principio de la unidad de mercado para neutralizar de forma absoluta los espacios competenciales" de las comunidades, afirma.

Pero es que además esta norma "imposibilita la actuación autonómica" en esta materia, incluso en las regiones que ya tienen su normativa propia "sin que se hayan suscitado dudas sobre su constitucionalidad", en lo que el PNV interpreta como un "injustificado e ilegítimo arrinconamiento" de las comunidades.

Es más, los nacionalistas vascos consideran que la regulación del régimen sancionador por parte del Estado vulnera la normativa comunitaria, que reserva la ejecución de sus normativas a la administración que ostente las competencias en la materia. En este caso, las comunidades autónomas, que además no pueden quedar supeditadas a una "estructura de control" como la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria en este caso en ámbitos donde tiene competencias exclusivas.

Finalmente, ERC rechaza un proyecto de ley que va "más allá de la acostumbrada e indignante invasión competencial" a que acostumbra el PP "bajo la excusa de la unidad de mercado" y "supone una oportunidad perdida" para afrontar el "escandaloso derroche alimentario", cuya solución es "urgente".