La nueva Ley de la Función Pública no será aprobada en esta legislatura

Durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial del Senado para explicar las líneas generales del departamento que dirige, Rumí descartó que pueda tramitarse a corto plazo una ley que aglutine las normas que desarrollarán el EBEP en el Congreso, debido a "los tiempos de los procedimientos parlamentarios".

Señaló la necesidad de "consenso" no sólo con los sindicatos de la Función Pública sino también con los partidos políticos y dijo que es "fundamental" retomar el diálogo social.

No obstante, indicó que las conversaciones con los agentes sociales continuarán en línea con otros aspectos del Estatuto Básico que no necesitan una norma con rango de ley, como el impulso a la profesionalización, los programas de evaluación del desempeño de las labores de los funcionarios o el papel de la formación.

Rumí consideró que el Gobierno debe estar "a la altura" de las responsabilidades en las materias de función pública que deben ser dialogadas y negociadas, y aludió a los tres temas que deben tratarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas: la reforma del régimen de clases pasivas, el desarrollo del EBEP y la recuperación del Acuerdo firmado en septiembre de 2009.

El Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado en 2007, aunque para su plena entrada en vigor se deben desarrollar unas normas con el fin de que pueda aplicarse tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas.

Rumí aseveró que los tiempos parlamentarios, pese a que queda un año de legislatura, "son escasos" y descartó llevar un texto de ley sin tiempo suficiente de ser negociado, por lo que confió en tramitar la norma a principios de la siguiente legislatura, en el caso de que el PSOE ganara de nuevo las elecciones.

Sobre las políticas de ajuste del Gobierno aprobadas para reducir el déficit público agradeció el "esfuerzo" de los funcionarios ante la reducción salarial del 5 % que tuvieron en 2010 y la congelación de sus sueldos este año.

Puntualizó que "sin estos ajustes España no hubiera superado los objetivos de déficit público de 2010" y aseguró que también se cumplirán los de 2011.

"Son medidas imprescindibles, excepcionales y coyunturales", insistió, tras recordar la limitación de tasa de reposición al 10 % este año, y la reducción del 34 % en la contratación temporal.

Rumí mencionó el plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado y de reducción de cargas administrativas que continuará -aseguró- con un nuevo acuerdo dirigido específicamente a los ciudadanos y no tanto a las empresas y que estimó generará un ahorro de 4.000 millones de euros en 2012.

Asimismo, se refirió al "avance" de la administración electrónica, que también supondrá un ahorro de costes de cerca de 3.000 millones de euros.