La nueva Ley Hipotecaria y el texto refundido la Ley Concursal, entre los proyectos del Ministerio de Justicia

Elaborar una nueva Ley Hipotecaria, revisar el derecho de obligaciones y contratos y confeccionar el texto refundido de la Ley Concursal han sido algunos de los proyectos del Ministerio de Justicia, que ha avanzado este martes en Zaragoza el ministro Rafael Catalá, quien ha clausurado una jornada sobre 'Justicia y economía en España' en el Patio de la Infanta, organizada por CEOE, Ibercaja y el Consejo General de Economistas.

Además de servir para trasponer la normativa de la UE, la nueva Ley Hipotecaria también tendrá en cuenta las últimas sentencias judiciales, ha dicho Catalá, quien ha puntualizado que "no pretendemos en absoluto voltear nuestro sistema de financiación, de adquisición de bienes inmobiliarios, sino reforzarlo, fortalecerlo, indicando que "hay que preservar" el "gran activo" que supone el desarrollo económico inmobiliario de las clases medias y medias bajas.

Será una reforma parcial y fortalecerá las garantías al consumidor para aumentar la confianza en el sistema financiero y la seguridad jurídica preventiva, por la participación de notarios y registradores en un sistema de control de las cláusulas abusivas, en aras a asegurar la transparencia y la confianza.

Otro compromiso es la revisión del derecho de obligaciones y contratos para "adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica", en alusión al comercio online, lo que conllevará la reforma del Código Civil --en estos aspectos-- "después de un trabajo minuciosísimo".

Asimismo, ha considerado Catalá en su intervención, "sería conveniente" promover un texto refundido de la Ley Concursal, ya que el vigente, aprobado en 2003, nació con la vocación de ordenar las crisis empresariales garantizando el empleo y la continuidad de las empresas "y sin embargo la crisis se ha llevado todo eso por delante" y el texto vigente se ha demostrado "insuficiente para determinadas circunstancias", lo que ha motivado la aprobación de varios Decretos Leyes.

"Lo más inmediato", ha reconocido el ministro, es "dotar de recursos adecuados" a las políticas de justicia, área que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, que se aprobarán en los próximos días, experimentan un incremento del 7,8 por ciento, lo que no se destinará a gasto corriente ni de personal, sino a inversiones, "sobre todo en sedes judiciales, en ocasiones muy necesarias" y en tecnologías para tener un sistema de gestión propio de 2017.

Ha hecho notar que la Administración de Justicia española tiene siete sistemas "incompatibles entre sí", lo que no facilita la funcionalidad, debido a que algunas comunidades que han asumido las competencias han decidido "no muy lógicamente" dotarse de herramientas propias de gestión procesal.

En su intervención, el ministro ha resaltado el escenario donde ha tenido lugar el acto, el Patio de la Infanta, en la sede central de Ibercaja, entidad que "se ha acreditado como un elemento institucional y de generación de confianza en la economía de Aragón y de toda España".

SEGURIDAD JURÍDICA

Rafael Catalá ha expresado que el binomio economía-justicia "constituye uno de los ejes de nuestro trabajo" y que estos ámbitos profesionales comparten intereses.

Ha remarcado que el impacto de la justicia sobre la actividad económica "es evidente", poniendo de relieve "la importancia de la seguridad jurídica para un país desarrollado y que quiere ser competitivo en términos económicos".

"Hoy en día todas las grandes instituciones internacionales están utilizando estos conceptos con normalidad y reclamando un marco normativo más garantista, más adecuado al modelo de desarrollo económico de un país", ha apuntado el ministro, aseverando que "es muy conveniente promover reformas legislativas que se adecuen a la realidad económica y social de España".

"Fruto de las reformas y el esfuerzo solidario del conjunto de la sociedad hemos sido capaces de revertir una situación dificilísima", ha referido Catalá, manifestando el "compromiso reformista" de cambiar el mercado laboral y el sistema financiero, así como impulsar la unidad de mercado.

Catalá ha apostado por "incorporar la reflexión económica al mundo de la justicia", siendo esta una carencia de la Administración de Justicia, insistiendo en la necesidad de regular bien, "hacer buenas leyes, dar participación a los interesados, utilizar bien el lenguaje jurídico y lograr consensos políticos para que las reformas legislativas no sean efímeras, que tengan estabilidad".

"El mundo de la justicia no es una torre de marfil alejada de la realidad social", ha continuado el ministro, quien ha abogado por estar en contacto con la realidad económica y social, y a "no perder de vista" que el Gobierno debe atender al interés general y crear las condiciones para el desarrollo económico y social de España, "y tener abiertos los oídos a las demandas sociales".